Impacto social de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres en Costa Rica. Un análisis en retrospectiva valorando su eficacia y el efecto persuasivo en la prevención de la violencia hacia las mujeres en los últimos 5 años

Resumen

La investigación examina el impacto social de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (LPVcM) en Costa Rica, con especial énfasis en los últimos cinco años posteriores a su reforma del 2021. El propósito es valorar su eficacia como herramienta de protección y su efecto persuasivo en la prevención de la violencia contra las mujeres, en un contexto donde persisten elevados niveles de denuncias, femicidios y desconfianza en el sistema judicial.

Se empleó una metodología de enfoque mixto, que combinó análisis de estadísticas judiciales y policiales, encuestas a mujeres víctimas de violencia y entrevistas a operadores jurídicos. Este abordaje permitió contrastar la letra de la ley con la experiencia práctica de su aplicación.

Los hallazgos revelan un efecto disuasivo limitado y serias deficiencias en la respuesta institucional. Entre 2018 y 2022 se registraron más de 104 000 denuncias, principalmente por maltrato e incumplimiento de medidas de protección; sin embargo, la mayoría fueron desestimadas o sobreseídas. A su vez, entre 2007 y abril de 2025 se documentaron 493 femicidios, lo cual cuestiona la capacidad de la normativa para contener la violencia letal. Las víctimas reportan experiencias de revictimización, trato poco empático y protección insuficiente, mientras que los operadores identifican carencias de recursos, coordinación y capacitación.

Pese a ello, se observa un rol significativo de las redes de apoyo formales e informales, y del empoderamiento personal de las mujeres como factores que incentivan la denuncia y la búsqueda de justicia. Estos elementos sugieren que el impacto social de la ley trasciende lo jurídico, dependiendo también de factores culturales, educativos y comunitarios.

Aunque la LPVcM ha representado un avance normativo y un compromiso con los derechos humanos de las mujeres, sus limitaciones prácticas requieren fortalecer la prevención mediante programas culturales y educativos, dotar de mayores recursos a las instituciones encargadas de la aplicación de la ley y promover un sistema de justicia más sensible, accesible y eficaz.