El sistema de justicia penal en México vive tiempos de cambio. Es en medio de la crisis donde encontramos las mejores oportunidades para la transformación. Por ello, los juristas mexicanos deben mirar hacia otras latitudes para propiciar un debate fecundo y abierto. Más ahora que, incluso las grandes potencias, buscan ajustar sus sistemas jurídicos para enfrentar los retos que impone la modernidad.  En el mundo globalizado, la respuesta del Derecho no puede ser la misma que hace cien o mil años, como algunos aún lo pretenden. La implementación en nuestro país de un nuevo sistema procesal penal, la creación de nuevos tipos penales y la generación de leyes más severas para perseguir y sancionar la trata de personas, el secuestro o el lavado de dinero, requieren ser enfrentadas con modelos que han probado su eficacia a escala internacional. Nada de lo anterior debe intentarse, desde luego, sin un respeto estricto a los derechos humanos.

Con ese ánimo, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), en coordinación con las prestigiosas universidades de Salamanca, Huelva, Castilla-La Mancha, Pablo de Olavide y la Cátedra de Derechos Humanos “Manuel de Lardizábal”, pone a disposición la Revista Penal México.