Resumen

Este trabajo analiza las posibilidades y retos de un modelo integral de paz en México, fundamentado en un enfoque ecológico de prevención. Se destaca la construcción institucional impulsada por la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, sus avances y limitaciones ante la persistencia de una lógica estatalista, así como el impacto de modelos internacionales como Cure Violence Global. El estudio sostiene que la prevención efectiva requiere concebir la violencia como una cuestión susceptible de intervención sanitaria, mediante tres ejes: detección e interrupción de la transmisión, tratamiento de personas en mayor riesgo y modificación de normas sociales, todo esto orientado hacia la disminución de la cifra oculta y el fortalecimiento de la seguridad.

Palabras clave

Criminalidad, cifra oculta, seguridad digital, inteligencia artificial, prevención de la violencia.

Abstract

This paper analyzes the possibilities and challenges of a comprehensive model of peace in Mexico, based on an ecological approach to prevention. It highlights the institutional framework promoted by the General Law for the Social Prevention of Violence and Crime (Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia), its progress and limitations in the face of a persistent statist logic, as well as the impact of international models such as Cure Violence Global. This study argues that effective prevention requires conceiving violence as a matter subject to public health intervention, through three axes: detection and interruption of transmission, treatment of individuals at higher risk, and modification of social norms, directing action towards reducing the dark figure of crime and strengthening security.

Keywords

Crime, dark figure, digital security, artificial intelligence, prevention of violence.

Sumario

I. Diseño de la investigación. II. Contextualización del estudio. III. Gobernanza del enjambre y el rompecabezas del sacrificio. IV. Juicio crítico y correlación de hallazgos. V. Conclusiones.
VI. Referencias.

I. Diseño de la investigación

Con base en el reconocimiento de la violencia como un fenómeno complejo, multicausal y dinámico, el presente estudio adopta un enfoque interdisciplinario que integra aportes del derecho, la criminología y el análisis de políticas públicas, y además incorpora la dimensión, relativamente reciente, de la seguridad digital y el uso de inteligencia artificial. Esta aproximación sitúa el problema de la cifra oculta del delito —la cual se analizará más adelante— no sólo como una deficiencia estadística, sino como un indicador estructural de desconfianza institucional y de las limitaciones de los modelos tradicionales de seguridad.

En virtud de lo anterior, el artículo tiene por objetivo analizar la viabilidad de un modelo integral de paz en México desde la perspectiva del enfoque ecológico de prevención de la violencia. Se analizan las tensiones existentes entre el diseño normativo e institucional y su materialización en la práctica, así como la incidencia de la seguridad digital y la inteligencia artificial en la reducción de la cifra oculta del delito y en la consolidación de la confianza ciudadana.

En cuanto a la hipótesis, partimos de que la implementación de un modelo integral de paz en México, sustentado en el enfoque ecológico de prevención y complementado con herramientas de seguridad digital e inteligencia artificial, será limitada en su efectividad mientras persista una lógica estatalista de carácter punitivo y una débil articulación interinstitucional; en consecuencia, la reducción de la cifra oculta y el fortalecimiento de la seguridad dependerán —en gran medida— no sólo de la innovación tecnológica, sino de la transformación estructural de las prácticas institucionales, la profesionalización del aparato del Estado y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

Metodología

Se adopta un enfoque cualitativo de carácter analítico-interpretativo, sustentado en una estrategia metodológica multidimensional que integra elementos del análisis jurídico, criminológico y de políticas públicas.

Como punto de partida, se realizará un análisis dogmático-normativo de los principales instrumentos jurídicos en materia de prevención de la violencia en México, particularmente la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así como los programas derivados de ésta, con el objetivo de identificar su coherencia interna y su alineación con el modelo ecológico de prevención.

En segundo lugar, se empleará un análisis criminológico estructural para examinar la persistencia de la cifra oculta del delito, la desconfianza institucional y las limitaciones de los enfoques punitivos tradicionales, e incluirá categorías como multicausalidad, control social y violencia estructural.

En tercer término, se incorporará un análisis crítico de políticas públicas, centrado en la brecha entre diseño e implementación, así como en el fenómeno de mimetización discursiva, para explicar la limitada efectividad de las estrategias institucionales.

Finalmente, el estudio integrará una perspectiva interdisciplinaria en materia de tecnología —principalmente inteligencia artificial (ia)— y seguridad digital, y analizará
el potencial y los riesgos del uso de la ia en la prevención del delito, particularmente en lo relativo a la privacidad, la rendición de cuentas y la reducción de la cifra oculta.

La triangulación de estos enfoques permitirá ofrecer una comprensión integral del fenómeno, así como formular propuestas orientadas a la construcción de un modelo de paz sostenible, legítimo y eficaz.

II. Contextualización del estudio

Durante los años recientes, México ha buscado consolidar una arquitectura institucional a partir del amparo de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (lgpsvd), publicada en 2012. Este documento jurídico define, en el artículo 2, a la prevención social como un “[…] conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan” (Honorable Congreso de la Unión, 2012, art. 2).

Destacan, en este punto, programas como “México nos Mueve la Paz” y el “Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia” (pnpsvd) 2022-2024, donde se expone que el comportamiento delictivo es el resultado de interacciones dinámicas y bidireccionales entre los individuos y su entorno, por lo cual estratifica la intervención en los niveles individual, relacional, comunitario y societal. No obstante, Contreras López (2015) señala que este modelo enfrenta una mimetización donde el discurso de seguridad ciudadana es absorbido por una estructura que opera desde la lógica de la seguridad pública tradicional.

Es importante mencionar que ambos términos —seguridad pública y seguridad ciudadana— corresponden a significados diferentes. La primera, comprendida como una función del Estado, incluye la prevención, disuasión, control, investigación y persecución de conductas delictivas (Gómez Tagle, 2018). Por su parte, la seguridad ciudadana destaca porque, además de lo anterior, interviene en ella la ciudadanía con un papel activo. Participación indispensable para la generación de ambientes seguros, sin dejar de lado la función principal del Estado, sobre todo cuando se trata de delincuencia organizada.1

A pesar de la sofisticación del modelo ecológico —instrumento conceptual que permite comprender la naturaleza polifacética y multicausal de la violencia—,2 la praxis institucional mexicana prioriza el orden del Estado y la estabilidad política sobre el desarrollo humano. En este sentido, la mimetización implica que, aunque los programas nacionales empleen una retórica de participación y corresponsabilidad, la ejecución operativa se ve constreñida por una lógica estatalista que asume la prevención como una meta secundaria frente al combate directo a la criminalidad.

La tendencia internacional, promovida por instancias como la Organización Mundial de la Salud (oms) y el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad cipc (2018), subraya que la prevención efectiva debe tratar la violencia como una epidemia social que requiere interrupciones focalizadas. Y, en ese hilo, modelos como Cure Violence Global (2025)3, aplicados con éxito en Cali a través de Abriendo Caminos (con una reducción del 74% en homicidios) y en pilotos en Culiacán (90% de descenso)4 con Más Vida, demuestran que la mediación comunitaria supera en eficacia a la presencia militarizada.

Conforme a ello, se postula un cambio de paradigma al conceptualizar la violencia como una patología epidémica de carácter contagioso. Esta lente resalta un comportamiento aprendido que se propaga por la exposición y, por consiguiente, es susceptible de ser interrumpido mediante métodos de control sanitario análogos a los utilizados para revertir enfermedades. Por medio de esta metodología se estructuran tres pilares fundamentales: (1) detección e interrupción de la transmisión; (2) tratamiento de los individuos con mayor riesgo; (3) modificación de normas sociales subyacentes.

En el contexto mexicano, la militarización del presupuesto representa una de las mayores contradicciones: mientras la retórica oficial prioriza la prevención; en la práctica, aproximadamente el 42 % del gasto se destina al combate al crimen y el 44 % a la justicia, sólo 14 % es para la prevención social. Además, existe un déficit en el rigor evaluativo. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (coneval, 2024), México destaca en el monitoreo de productos (entregables), pero carece de evaluaciones de impacto que empleen contrafactuales para medir el efecto neto de sus intervenciones.

A la luz del informe: Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2024, esta problemática se actualiza y profundiza bajo una perspectiva sistemática, debido a que la lógica sectorial limita la eficiencia en la atención de problemas sociales complejos. De esta forma la dispersión institucional, sumada a la prevalencia de indicadores centrales en la entrega de apoyos económicos directos, perpetúa la dificultad de transitar hacia una evaluación de resultados que trascienda el mero cumplimiento de gestión.

Por ejemplo, se han realizado evaluaciones de impacto específicas —como la del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez en 2023—. Éstas identifican barreras operacionales y carencias estructurales que limitan el ejercicio de derechos. La insuficiencia metodológica en la evaluación de políticas públicas en México, señalada por el CONEVAL, encuentra un contraste significativo frente a la evolución de los estándares de gobernanza global, donde la gestión pública transita de un paradigma de simple fiscalización contable hacia una evaluación multidimensional del valor generado.

A través de este escenario, la tendencia internacional se desplaza hacia la metodología del denominado: Retorno Social de la Inversión (sroi, por sus siglas en inglés), la cual permite monetizar impactos sociales no financieros, como la mejora en la salud mental o la productividad, ofreciendo una ratio de valor social por cada unidad de moneda invertida. Un caso paradigmático es el estudio del International Citizen Service (ics),5 que reportó un coeficiente sroi de 4.64:1,6 y evidenció que la inversión en capital social genera retornos que multiplican con creces el costo operativo inicial.

Mientras que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc, por sus siglas en inglés) promueve marcos de medición integral centrados en la comparabilidad y calidad del dato, la realidad de México se ve distorsionada por la alta cifra oculta7 —más de 90 % de delitos no denunciados o denunciados sin carpeta de investigación— (inegi, 2025, p. 23), lo que invalida los diagnósticos basados exclusivamente en registros administrativos, así como el abandono de la dependencia absoluta de los datos oficiales de policías y fiscalías, y obliga a la adopción de encuestas de victimización más robustas para una planificación basada en evidencias, tales como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 (envipe)8 y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ensu).9

En última instancia, la convergencia entre la sofisticación del sroi y la fiabilidad de las encuestas de victimización constituye el único camino para superar el adelgazamiento de la infraestructura preventiva en el Estado mexicano. Por tanto, a continuación, se presenta un cuadro comparativo que sintetiza los elementos diferenciadores entre la política nacional mexicana y los estándares internacionales en materia de prevención y control del delito, permitiendo una aproximación crítica y sistemática a los componentes de diseño, implementación y evaluación.

Cuadro 1. Efectividad de la política nacional vs. estándares internacionales

Elementos de comparación	Características de la política nacional (México)	Características de los estándares e iniciativas internacionales
1. Prioridad fiscal y asignación estratégica	Asimetría marcada entre la retórica preventiva y la ejecución real. El presupuesto se concentra en la función reactiva (Guardia Nacional y sedena), reduciendo los fondos para capacidades locales (eliminación del fortaseg).10	Equilibrio fiscal entre control y prevención. Se recomienda una asignación de entre 3% y 3.5% del PIB para compensar los costos directos de la criminalidad.
2. Rigor de la metodología evaluativa	Enfoque centrado en el monitoreo de procesos y outputs (número de becas o talleres). Ausencia de análisis contrafactuales para determinar la causalidad de los resultados.	Uso sistemático del Retorno Social de la Inversión (sroi). Se mide la eficacia mediante el impacto a largo plazo y la sostenibilidad de los beneficios sociales generados.
3. Modelo de intervención predominante	Modelo híbrido que oscila entre la prevención social ecológica y el uso intensivo de la fuerza militar para el control territorial.	Enfoque epidemiológico y salubrista que prioriza la interrupción de la violencia mediante mensajeros creíbles y mediadores comunitarios en zonas de alta densidad delictiva.
4. Calidad y fiabilidad de la información	Alta dependencia de registros administrativos gubernamentales, con diagnósticos frágiles debido a una cifra oculta de más del 90 %. Existe déficit estructural en la arquitectura de la información y la gobernanza.	Integración de múltiples fuentes (salud, educación, justicia) y uso de encuestas de victimización y percepción como eje rector del diagnóstico local (auditorías de seguridad).
5. Focalización y prevención de la reincidencia	Debilidad en la prevención terciaria. El sistema penitenciario opera con frecuencia como escuela del crimen, con programas de reinserción insuficientes o estigmatizantes.	Énfasis en la desistencia del delito. Comprende la implementación de programas de acompañamiento (throughcare) y apoyo de pares para superar el estigma y reducir la reincidencia.

Fuente: Elaboración propia.

Mediante la exposición de criterios como la prioridad fiscal, la asignación estratégica de recursos y el rigor metodológico evaluativo, el análisis de este cuadro comparativo pone de relieve las asimetrías estructurales y operativas que obstaculizan la consolidación de una gobernanza efectiva y alineada con las mejores prácticas globales.

Cabe destacar que la política de prevención en México se asemeja a un laboratorio de alta tecnología que cuenta con manuales de operación avanzados (modelo ecológico), pero que funciona con suministros obsoletos (datos administrativos con alta cifra oculta) y cuyo personal es evaluado sólo por el número de “matraces” que limpia (productos), nunca por los descubrimientos que realiza (impacto real). En cambio, los estándares internacionales proponen un laboratorio orientado a resultados donde el éxito se mide —de acuerdo con la analogía— por la cura de la enfermedad social, optimizando cada gramo de reactivo presupuestario para obtener el mayor retorno de salud pública posible. En este escenario de contrastes y retos, la calidad y fiabilidad de la información se erige como uno de los principales obstáculos para la consolidación de políticas de prevención efectivas en el país.

Así, mientras la arquitectura institucional se debate entre manuales avanzados y datos insuficientes, surge la necesidad de explorar metáforas nuevas que permitan comprender la complejidad de la gobernanza en seguri>dad. A partir de esta reflexión, se abre paso la noción de gobernanza del enjambre y el rompecabezas del sacrificio, que invita a analizar las tensiones y sacrificios implícitos en la captura y gestión de riesgos digitales desde una perspectiva más amplia y crítica.

III. Gobernanza del enjambre y el rompecabezas del sacrificio

El abordaje de la seguridad digital en México y en la esfera global ha transitado de una visión técnica a una construcción dogmática compleja que puede ser analizada, si se nos permite la expresión, desde el prisma de la apicultura cri-
minológica. Metáfora inspirada en la responsabilidad civil por sacrificio —donde el propietario de un enjambre tiene derecho a perseguirlo en fundo ajeno, indemnizando el daño causado—, lo cual nos permite interrogar si el Estado mexicano, en su afán de capturar el enjambre11 de la ciberdelincuencia, impone a la ciudadanía, sea de forma justificada o arbitraria, una serie de deberes de tolerancia y sacrificios de derechos.

Mientras que el panorama internacional se orienta hacia una gobernanza policéntrica y de redes híbridas (policía, sector privado, academia) que gestionan el riesgo de forma compartida, como se describió en lo precedente, el Estado mexicano enfrenta un rompecabezas institucional donde la prevención social se mimetiza con discursos extranjeros sin un diagnóstico adaptado a la realidad local. Dicha fragmentación se agrava por una cifra oculta del 93.2 %, lo que sugiere que la miel de la justicia digital es inalcanzable para la gran mayoría de las víctimas, tal como señala Palomares Ramírez (2025).12

Conforme al orden establecido, a continuación, se presenta una matriz analítica que contrasta las políticas nacionales frente a los estándares internacionales, a partir de cinco indicadores de efectividad.

Cuadro 2. Políticas nacionales (México) vs. programas de prevención internacional

Elementos de comparación	Indicador de efectividad	Características de las políticas nacionales (México)	Características de los programas de prevención internacional
Paradigma jurídico de justificación (apicultura criminológica)	Consistencia en la fundamentación del deber de tolerancia ciudadana	Predomina un paradigma jurídico-público utilitarista donde el Estado justifica la intervención bajo la lógica del mal menor, pero colisiona con un populismo punitivo que exige cárcel automática para el 72 % de la población y, a menudo, ignora la reparación del daño.13	Evolución hacia el paradigma interpersonal, donde la justificación penal se separa de la responsabilidad civil. Se busca fundamentar los deberes de tolerancia en la autonomía y la solidaridad mínima, y evita el sacrificio de intereses personales ante necesidades colectivas difusas.
Soberanía y calidad del diagnóstico (el rompecabezas)	Reducción del subregistro y solidez de la evidencia empírica	La prevención se aplica sin una metodología clara para elegir demarcaciones beneficiadas, basándose en diagnósticos frágiles y sin evidencia. Persiste una desconexión entre el aumento del gasto público y la incidencia delictiva de fraude (7 574 por cada 100 000 hab.),14 el delito más frecuente en 2024.	Crítica a la cuantofrenia15 privada. Se promueve una medición desinteresada que combine encuestas de victimización con inteligencia técnica para evitar decisiones basadas en estadísticas sesgadas por intereses comerciales de empresas de ciberseguridad.
Arquitectura de gobernanza (centralización vs. nodos)	Nivel de madurez en la gestión policéntrica y redes de respuesta	Transición hacia un modelo centralizado mediante la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (atdt) y la Dirección General de Ciberseguridad (DGCiber).16 Sin embargo, la operatividad es asimétrica: existen sólo 4 agentes de policía cibernética por cada millón de habitantes para enfrentar 31 mil millones de intentos de ataque.17	Implementación de gobernanza nodal y redes de confianza como first (Forum of Incident Response and Security Teams) y csirt (Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática). Se reconoce que el Estado no es el único garante y se fomenta el liderazgo de las autoridades como facilitadores de relaciones entre diferentes nodos de seguridad.
Abordaje del continuum de violencia (género y grupos en condición de vulnerabilidad)	Eficacia en la neutralización del sicariato digital	Reconocimiento de la Ley Olimpia18 como respuesta a la violencia sexual digital. No obstante, el sistema es percibido como una fuente de victimización adicional (el 79 % cree que las autoridades desincentivan la denuncia),19 lo que perpetúa la impunidad en casos de violencia política y ciberacoso.	Adopción de la debida diligencia reforzada. El foco se desplaza de la infraestructura hacia la persona (especialmente mujeres en primera línea digital), protegiendo derechos como la privacidad y la libertad de expresión frente al algoritmo patriarcal.
Innovación y proyección ética (inteligencia artificial [ia] y ciberdefensa)	Capacidad de respuesta predictiva frente a la weaponización20 de la IA	El Plan Nacional 2025-2030 apuesta por el Next-Gen SecOps21 (ia avanzada). El riesgo latente es que la inteligencia institucional guarde silencio mientras el crimen organizado utiliza ia y drones para el control territorial y la desestabilización.	Promoción de la Ley Modelo sobre ia y Delito (EL PACCTO 2.0, 2025), que aborda la doble incriminación y el uso de deepfakes como agravante. Se prioriza el desarrollo ético de la ia para evitar que las herramientas de defensa se conviertan en instrumentos de vigilancia masiva.

IV. Juicio crítico y correlación de hallazgos

En las primeras décadas del siglo xxi, la transformación tecnológica ha modificado las formas de producción del conocimiento, la organización social y la gestión del poder público. Como lo mencionan Cansino y Gómez Tagle (2025[a], p. 26): “[…] en los últimos años, hemos visto avances en robótica, Internet de las cosas (IoT), vehículos autónomos, tecnología de impresión 3D, nanotecnología, biotecnología, materiales inteligentes, almacenamiento de energía y computación cuántica.” Este conjunto de innovaciones configura un ecosistema tecnológico interconectado en el que los datos, los algoritmos y las capacidades de procesamiento se convierten en recursos estratégicos para la toma de decisiones.

Dentro de este entramado, la inteligencia artificial ocupa un lugar privilegiado al permitir el análisis de grandes volúmenes de información, la identificación de patrones complejos y la generación de modelos predictivos aplicables a múltiples ámbitos de la vida social. Desde una perspectiva sociotécnica, esta expansión de la inteligencia artificial (ia) no sólo representa un avance instrumental, sino también una transformación en la relación entre conocimiento y agencia humana.

De hecho, algunos autores sostienen que “la progresión hacia una simbiosis con la ia sugiere una involución en la propia definición de nuestra especie: del Homo sapiens al Homo interrogator —el ser humano cuya principal habilidad radica en formular preguntas—. En este nuevo paradigma, la ia, ejemplificada por sistemas como ChatGPT, se erige como el oráculo moderno, una entidad a la que se consulta en busca de sabiduría y orientación.” (Cansino y Gómez Tagle, 2025b, p. 62). Bajo esta lógica, el valor cognitivo ya no reside en la acumulación de saberes, sino en la >capacidad estratégica de formular preguntas que permitan navegar en sistemas de información cada vez más complejos. En consecuencia:

[…] el Homo interrogator emerge como una nueva especie cognitiva cuya habilidad principal es la de formular preguntas a la IA para obtener el conocimiento deseado. Bajo esta óptica, las disciplinas clásicas —ciencias, humanidades, artes visuales y literarias— ya no se estudian por su valor intrínseco, sino que se transforman en campos de datos a ser navegados mediante preguntas estratégicas. (Cansino y Gómez Tagle, 2025b, p. 63)

Este desplazamiento epistemológico también impacta el funcionamiento de las instituciones públicas, particularmente en áreas donde la gestión de información es de importancia mayúscula para la toma de decisiones. En el ámbito de la seguridad, llámese pública o ciudadana, la ia comienza a desempeñar un papel relevante en la gestión de riesgos, la identificación de patrones delictivos, el análisis predictivo, la coordinación de sistemas de vigilancia y las respuestas institucionales; sin embargo, la incorporación de estas tecnologías no se produce en un vacío institucional o normativo, sino dentro de estructuras estatales que arrastran tensiones teóricas, organizativas y operativas. Por ello, la promesa de una seguridad pública apoyada en sistemas algorítmicos debe analizarse mediante el contraste de las limitaciones estructurales de los sistemas de justicia y de prevención.

Al contrastar las fuentes arriba mencionadas, se evidencia una tensión dialéctica: mientras que Pantaleón Díaz (2022) defiende una simplificación de la teoría penal para que el Estado no se cargue con la tarea innecesaria de fun>damentar deberes de tolerancia que pertenecen al derecho civil, Contreras López (2015) advierte que en México la prevención es un rompecabezas cuyas piezas no encajan por falta de una base epistemológica común.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ensu) 2025 e Impunidad Cero (2025) confirman que esta falta de encaje dogmático tiene consecuencias materiales: la desconfianza institucional es estructural y la ciudadanía prefiere la militarización (80 % de aprobación) ante la inoperancia de las fiscalías y policías civiles. En consecuencia, esto produce una interrogante valiosa: ¿es el Plan Nacional de Ciberseguridad una reina capaz de organizar este enjambre o es simplemente otro intento de mimetización que ignora la precariedad de los recursos humanos (cuatro agentes por millón de habitantes)? Por tanto, con la finalidad de ampliar el debate, se plantean las provocaciones siguientes:

1. ¿Digitalizar la justicia en México es digitalizar la impunidad?

Si el 93.2 % de los delitos no se denuncian en el mundo físico, ¿qué garantías existen de que las plataformas de denuncia anónima (089) no se conviertan en cementerios de datos sin procesamiento de inteligencia?

2. ¿Es el sacrificio de la privacidad digital un mal menor aceptable para una seguridad que el 61.7 % de los ciudadanos aún percibe como inexistente?

Aplicando la apicultura criminológica, ¿quién indemniza al ciudadano cuando el Estado penetra en su fundo digital para perseguir el enjambre criminal y falla en la captura?

3. ¿Puede un modelo de ciberdefensa basado en ia (Next-Gen SecOps) ser efectivo en un Estado donde la corrupción es vista no como un fallo, sino como una forma de equilibrio estable entre grupos criminales y poder político?

V. Conclusiones

El análisis de la arquitectura de la prevención de la violencia en México revela una asimetría crítica entre la sofisticación de su andamiaje normativo y la precariedad de su ejecución táctica. Si bien instrumentos como la lgpsvd y el pnpsvd 2022-2024 se alinean teóricamente con el modelo ecológico que reconoce la multicausalidad del fenómeno delictivo, la praxis gubernamental enfrenta lo que la literatura académica define como mimetización discursiva.

Dicho escenario sostiene que el léxico de la seguridad ciudadana y el enfoque de derechos humanos son absorbidos por estructuras que mantienen la lógica punitiva de la seguridad pública tradicional, priorizan el despliegue del músculo militar sobre la inteligencia social. Esta disonancia se traduce en una oferta gubernamental fragmentada en lógicas sectoriales que limitan la eficiencia en la atención de problemas sociales complejos. Como resultado, la persistencia de un paradigma centrado en la coerción y el uso de la fuerza ha obstaculizado la integración de enfoques holísticos, más preventivos, relegando la construcción de confianza y participación ciudadanas a un segundo plano.

Esta limitación estructural no sólo afecta la capacidad institucional para abordar la raíz de los problemas sociales, sino que también condiciona la adopción de innovaciones >tecnológicas, como la digitalización de la justicia y la seguridad, las cuales requieren de una base sólida de legitimidad y de colaboración intersectorial para ser efectivas, así como para trascender la mera reproducción de esquemas punitivos.

En este sentido, la hipótesis planteada se ve confirmada: la efectividad de un modelo integral de paz se encuentra restringida mientras subsistan esquemas institucionales fragmentados, una débil coordinación intersectorial y una orientación predominante hacia la coerción. Estas condiciones obstaculizan la atención de las causas estructurales de la violencia, a su vez que inciden directamente en la persistencia de la cifra oculta del delito, al erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.

Por lo anterior, se comprende, por un lado, la desconfianza ciudadana, la fragmentación institucional y la preferencia por la militarización, lo cual limita el impacto de estrategias como el Plan Nacional de Ciberseguridad, presentado en diciembre de 2025 (aunque hay antecedentes como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, del año 2017). En segundo término, la baja denuncia en el ámbito físico anticipa que la simple digitalización podría traducirse en mayor impunidad si no se transforma la cultura institucional y su inercia organizacional.

Además, cabe destacar que el debate sobre la privacidad digital adquiere mayor relevancia, ya que sacrificar derechos fundamentales, sin mecanismos claros de rendición de cuentas, resulta inaceptable. Sobre la misma línea, la eficacia de la ciberdefensa basada en inteligencia artificial (ia) depende tanto de la tecnología como de la erradicación de la corrupción. En última instancia, la transformación digital sólo será efectiva si se acompaña de reformas éticas, profesionalización y participación ciudadana.

VI. Referencias

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