Resumen

Las reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, aprobadas en julio de 2025, buscan transitar de un modelo reactivo a uno preventivo, con énfasis en la profesionalización policial, la coordinación intergubernamental y el uso estratégico de inteligencia y tecnología. La coordinación gubernamental es fundamental para lograr los objetivos que permitan ubicar, localizar y detener a los grupos de la delincuencia ordinaria y organizada a fin de lograr su desarticulación. El presente trabajo identifica y clasifica los principales retos que enfrentan los cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno para cumplir estos mandatos, con énfasis en la urgencia de superar inercias institucionales, formativas y sociales que han limitado reformas anteriores.

Palabras clave

Profesionalización policial, capacitación continua, coordinación interinstitucional, control de confianza, prevención del delito, participación ciudadana.

Abstract

The new reforms to Mexico’s National Public Security System, approved in July 2025, aim to shift from a reactive model to a preventive one, placing particular emphasis on police professionalization, intergovernmental coordination, and the strategic use of intelligence and technology. Effective coordination among government entities is essential to achieving the objectives of identifying, monitoring, and dismantling ordinary criminal groups. This article examines and classifies the principal challenges faced by police forces across the three levels of the Mexican justice system in complying with these mandates, with particular attention to the urgent need to overcome institutional, training-related, and sociocultural inertia that has hindered previous reform efforts.

Keywords

Police professionalization, continuous training, inter-institutional coordination, background checks, crime prevention, citizen participation.

Sumario

I. Introducción. II. Clasificación de los retos. III. ¿Cómo se debe observar la reforma y el impacto que tiene en las diversas policías de los tres niveles de gobierno? IV. ¿Cuáles son los retos en la profesionalización y capacitación policial? V. Coordinación interinstitucional y sociedad. VI. Análisis comparativo (antes y después de la reforma). VII. Conclusiones. VIII. Referencias.

I. Introducción

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha impulsado reformas a diversos ordenamientos jurídicos con el fin de apuntalar la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Esto a partir de la necesidad de profesionalizar a los elementos de seguridad, así como de modernizar las estrategias de investigación para la prevención del delito. Lo que se busca es un mayor intercambio de información para mejorar las estrategias en la prevención y la investigación del delito.

Las reformas generan un cambio en la manera en que los elementos policiales deben entender el diseño de un modelo de investigación científico y tecnológico apegado al respeto de los derechos humanos y desde un punto de vista más humanista.

Así, la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública (snsp) en México se materializa en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (lgsnsp) y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (lsniimsp), ambas aprobadas en julio de 2025.

Lo anterior representa un esfuerzo mayúsculo por rediseñar el modelo de seguridad ciudadana.

La reforma se centra en la modificación del artículo 21 constitucional, que se publicó el 31 de diciembre de 2024, y busca pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo, con énfasis en la profesionalización policial, la coordinación intergubernamental y el uso estratégico de inteligencia (cpeum, 1917).

De todos estos cambios, se observan diversos retos significativos, particularmente en lo que se refiere a la policía local, estatal y la federal, que enfrentan desafíos en capacitación, confianza ciudadana y adaptación tecnológica.

La ley impone estándares rigurosos de capacitación, certificación y servicio profesional de carrera, en un contexto de violencia persistente, desconfianza ciudadana y recursos limitados (lgsnsp, 2025). A continuación, exploraremos los principales retos con un enfoque especial en la profesionalización.

La esencia de la reforma se centra en la prevención integral, de ahí que el rol policial se transforme de un enfoque reactivo a uno preventivo y de más proximidad social.

Es así como la reforma al artículo 21 constitucional y la posterior expedición de la lgsnsp de julio de 2025 conforman el esfuerzo gubernamental por rediseñar el modelo mexicano de seguridad pública, en el que destacan:

1. La obligatoriedad del Servicio Profesional de Carrera Policial, según se enmarca en los artículos 62 al 79 de la lgsnsp (2025).
2. La creación de academias nacionales y estatales de formación inicial y continua, según se retoma en el artículo 85 de la ley.
3. Se prevé homologar capacidades a través del Programa Rector de Profesionalización conforme lo establece el artículo 84 de la ley en cita;
4. El fortalecimiento de la coordinación mediante el Consejo Nacional, las Conferencias Nacionales y las Mesas Estatales y Regionales de Paz, de conformidad con lo que señalan los artículos 16 al 44 de la citada ley.

Estos cambios buscan una transformación profunda del rol policial, que trascienden de la parte práctica de “detener para investigar” a una más eficiente y científica de “investigar para detener” con enfoque más humanista y preventivo.

Sin embargo, la implementación se enfrenta a ciertas resistencias estructurales que este trabajo clasifica en cinco grandes categorías.

II. Clasificación de los retos

1. Retos institucionales

1. Centralización vs. autonomía estatal y municipal. La lgsnsp amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (sspc) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (sesnsp), lo que genera tensiones con el pacto federal según se puede apreciar en los artículos 16, 31 y 115 constitucionales (cpeum, 1917).
2. Redefinición de mandos y competencias. La coexistencia de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales sin mando único efectivo sigue generando duplicidades y vacíos operativos.

2. Retos operativos

1. Adopción de inteligencia estratégica y tecnología. El nuevo Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia exige compartir datos en tiempo real y usar plataformas tecnológicas que muchas policías locales simplemente no poseen.
2. Coordinación interinstitucional real. Los operativos conjuntos siguen dependiendo de la voluntad política más que de protocolos obligatorios y sancionables.

3. Retos formativos

1. Profesionalización y certificación continua. Sólo un porcentaje mínimo de los policías municipales aprueban actualmente los controles de confianza.
2. Revisión crítica del modelo de control de confianza. Los exámenes actuales son percibidos como invasivos, estigmatizantes y carentes de objetividad científica, lo que los convierte en una de las principales causas de deserción.
3. Salarios y condiciones laborales dignas. La prohibición de subcontratación y la exigencia de prestaciones complementarias chocan con presupuestos municipales insuficientes.

4. Retos sociales

1. Recuperación de la confianza ciudadana. La corrupción reciente en instituciones antes ejemplares, como la Secretaría de Marina, refuerza la percepción de que ninguna corporación está exenta de infiltración.
2. Participación ciudadana vinculante. Las mesas de paz previstas en la ley tienen carácter consultivo, pero carecen de mecanismos vinculantes y de inclusión real de sectores marginados, lo que las convierte en foros periféricos más que en espacios de deliberación democrática.

5. Retos éticos y de protección de datos

El acceso ampliado a bases de datos sensibles sin suficientes controles judiciales previos aumenta el riesgo de filtraciones a grupos delictivos o el uso indebido por parte de elementos corruptos.

III. ¿Cómo se debe observar la reforma y el impacto que tiene en las diversas policías de los tres niveles de gobierno?

De la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que presentó el gobierno en abril de 2025, se desprenden cuatro ejes rectores, a saber:

1. Atención a las causas de la violencia, que se ve como prioridad ante la desigualdad social;
2. consolidación de la Guardia Nacional, vista como un ente profesionalizado e integrada por personal militar, pero con objetivos de naturaleza civil y más humanizada;
3. fortalecimiento de la inteligencia e investigación enfocada en el aprovechamiento de la tecnología para el análisis de la información y el planteamiento de estrategias operativas dirigidas a ubicar grupos de la delincuencia organizada y su neutralización y
4. coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad, dirigida al análisis e intercambio de información direccionados a la implementación de operativos coordinados que lleven a la detención y desarticulación de grupos delincuenciales.

Con esto se busca fortalecer las capacidades institucionales de las policías, con un incremento en el estado de fuerza de la Guardia Nacional y la creación de subsecretarías especializadas en prevención e inteligencia (sspc, 2025).

Esta reforma propone que la policía se profesionalice y certifique, y que se logre un régimen disciplinario unificado que permita la homologación del desempeño policial y la gestión estratégica de la información.

Estas exigencias legislativas nos llevan a grandes retos debido a la situación en materia de seguridad pública que vive el país. Es un hecho notorio que los grupos delincuenciales han menguado la confianza de la población en los elementos policiales, incluso una institución que se pensaba que estaba fortalecida para participar en tareas de seguridad quedó desacreditada recientemente. Se trata de la Secretaría de Marina, que pasó de ser una dependencia con altos niveles de aceptación y confianza en la sociedad, a una institución presa de la corrupción, que quedó desacreditada por hechos relacionados con el llamado “huachicol fiscal”. Esto nos lleva a concluir que ninguna institución está exenta de la corrupción y que se deben cuidar los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de las personas en las instituciones de seguridad pública y las fuerzas armadas.

IV. ¿Cuáles son los retos en la profesionalización y capacitación policial?

Como ya advertimos, ninguna institución policial está exenta de ser un foco de corrupción, por tanto, no sólo se exige que los gobiernos dediquen parte de sus cometidos a la profesionalización de los elementos policiales ya en función, sino también que velen porque los métodos de ingreso y promoción estén debidamente dirigidos a que se centren en la elección de los elementos más idóneos para ingresar a las fuerzas policiales.

Si bien la reforma exige un nivel académico mínimo, esta circunstancia se debe transformar y exigir una mayor preparación, más procesos de certificación continua y evaluación de capacidades para asignar roles específicos.

[…] establecer perfiles que permitan profesionalizar a las policías para que sean más eficientes y técnicos, llevando a la captación de agentes de cambio mediante procesos de atracción hacia las instituciones dedicadas a ello y una vez logrado, proceder a la formación de verdaderos elementos investigadores con mística de servicio, esto es generar una fase de formación (brindar conocimientos a partir de la selección y antecedentes requeridos) […]. (Sánchez, 2016, p. 91)

Esta circunstancia no está dirigida a discriminar a las personas con menor nivel académico; se trata de perfilar a los agentes policiales con más preparación académica para incentivarlos con niveles salariales atractivos, garantizando así su ascenso de acuerdo con su capacitación y profesionalización.

El Estado debe garantizar entonces, un proceso de selección especializada, mediante un proyecto con un perfil profesional y técnico que contemple valores, vocación de servicio, mediante entrevistas, evaluaciones constantes, exámenes médicos y psicológicos, así como ejercicios prácticos y una vez logrado, evaluar debidamente el desempeño profesional del Servidor Público, observando su aprovechamiento en las aulas, en el trabajo, es decir en su actividad técnica; posteriormente incentivar su preparación y mejoramiento profesional, así como su rendimiento en el servicio público encomendado, a través de su evaluación, grados académicos alcanzados, estudios realizados, actividades de actualización e incluso publicaciones, siempre bajo el esquema de una conducción y disciplina, para con ello tener derecho a un mejor puesto dentro de las instituciones. (Sánchez, 2016, p. 92)

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2025) promueve un enfoque preventivo (a través de programas integrales, fomento de valores y prevención social) y otro comunitario, con programas y políticas integrales, enfocadas en verificar las causas de violencia y delincuencia, dirigidas a la participación ciudadana, la coordinación intergubernamental y los mecanismos de participación; se busca que ambos adapten los elementos a contextos diversos y diferenciados como pueden ser poblaciones indígenas, personas con discapacidad y casos de violencia de género; sin embargo, la evaluación, el acomodo y la reubicación de personal existente presentan un panorama no grato.

Es necesario reacondicionar y redirigir los propios programas de control y confianza aplicados a los servidores públicos, ya que no se ha logrado que en su aplicación se tenga una adecuada intervención por parte de los encargados de operarlos, incluso se ha desvirtuado el objetivo del polígrafo, y se ha convertido en una herramienta de conflicto entre el aplicador y los servidores públicos, quienes terminan abandonando el proceso por una baja tolerancia a la frustración, por lo que su aplicación debe desvincularse de los controles de confianza y pensar en otros mecanismos más eficientes y eficaces; mientras se mantenga su uso con esos fines, se deberá preparar y profesionalizar a quienes se encargan de aplicarlo y supervisar su actividad.

Lo que debía de ser un medio idóneo para el ingreso, la permanencia y el control de los servidores públicos, se convierte en un motivo de deserción, aunado a los bajos salarios que muchos policías perciben por su labor; por lo tanto, se debe buscar un salario competitivo, prestaciones y un sistema de seguridad social eficiente.

Se requiere crear centros de profesionalización policial dirigidos a la formación inicial, especialización y actualización continua“ […] es necesario abandonar las prácticas obsoletas por el constante reclamo de la sociedad de impostergable acatamiento, siendo posible lograrlo con la preparación constante, eficiente y eficaz de las nuevas generaciones de elementos policiales” (Sánchez, 2016, p. 91) y revisar el porqué sólo una mínima parte de los policías aprueban los controles de confianza para verificar si en realidad el problema en sí es el servidor público o son los sistemas empleados en los controles de confianza los que están fallando.

Es una obligación del Estado seleccionar a los elementos policiales más capacitados y con los mejores perfiles, que contemplen:

[…] valores, vocación de servicio, mediante entrevistas, evaluaciones constantes, exámenes médicos y psicológicos, así como ejercicios prácticos y una vez logrado, evaluar debidamente el desempeño profesional del Servidor Público, observando su aprovechamiento en las aulas, en el trabajo, es decir en su actividad técnica; posteriormente incentivar su preparación y mejoramiento profesional, así como su rendimiento en el servicio público encomendado, a través de su evaluación, grados académicos alcanzados, estudios realizados, actividades de actualización e incluso publicaciones, siempre bajo el esquema de una conducción y disciplina, para con ello tener derecho a un mejor puesto dentro de las instituciones. (Sánchez, 2016, p. 92)

Una vez profesionalizado, el policía debe tener un proyecto de vida dedicado a la capacitación constante y se debe buscar una colegiación obligatoria.

V. Coordinación interinstitucional y sociedad

Cabe resaltar que la propia coordinación entre los tres niveles de gobierno, que está enmarcada dentro de la reforma, debe ser revisada por la propia centralización de los mandos, que riñe con la autonomía con la que se dota a cada estado de la República, porque amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que pueda realizar actos de investigación de delitos, coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia y solicitar información a otras dependencias, además de darle un enfoque más social y de interacción con la sociedad y respeto a los derechos humanos (lgsnsp, 2025, art. 47).

En ese sentido, se debe procurar la profesionalización de los elementos policiales para lograr la interacción con la sociedad civil a través de las mesas de paz que señala la ley.

También, es necesaria la profesionalización para que los servidores públicos no hagan un uso indebido de la tecnología de la que la ley los dota, debido a la facilidad con la que pueden acceder a datos sensibles sin controles judiciales previos, lo que generaría un impacto en la probable vulneración de los derechos humanos y la posibilidad de que estén a la mano de organizaciones delictivas infiltradas en las instituciones policiales. Por tanto, se deberán crear sistemas de supervisión y control eficientes. Esto se vuelve un reto para los miles de elementos que se encuentran operando en el país en los tres sistemas de gobierno, con desafíos respecto a los estándares rigurosos de capacitación y certificación, enfocados en un sistema profesional de carrera que, como ya lo mencioné, tiene que superar los estándares que actualmente se aplican.

Por otra parte, se necesita revisar y modificar los métodos y las técnicas utilizadas en los exámenes de control y confianza aplicados no sólo a los policías, sino a la mayoría de los servidores públicos obligados a ello.

La sociedad mexicana demanda nuevos métodos de selección y compromisos de la profesionalización policial, ya que la falta de éstos genera abusos, impunidad y desconfianza ciudadana.

Entonces, se exige la profesionalización no como una opción, sino como una obligación constitucional, si no se supera la resistencia al cambio por viejos esquemas policiales caducos y arraigados, no se podrá superar el reto que exige la reforma.

Es necesario dejar atrás la impunidad y las viejas prácticas policiales; asimismo, el contubernio que se forja con los grupos delincuenciales para poder restaurar la confianza ciudadana.

Se debe buscar que a través de la profesionalización policial se logre una mejor aceptación social, respeto por la función y que los policías tengan un prestigio que lleve a la confianza ciudadana. También se debe aumentar su nivel de vida y generar mejores condiciones en el desarrollo de su labor.

La participación social, enmarcada en la lgsnsp, involucra a la sociedad civil y a las organizaciones sociales para que aporten necesidades y propuestas en materia de seguridad dirigidas a la elaboración de acciones que permitan generar cambios en materia de seguridad pública, con prioridad para los grupos minoritarios y discriminados (lgsnsp, 2025, art. 7). Esto abre la comunicación entre el Estado y la sociedad, a través de diversas formas de participación social que incluyan dinámicas para dar propuestas sobre políticas y programas de seguridad pública, lo que ya es un logro; además, fomentan la deliberación, discusión y cooperación para la integración de propuestas, experiencias y necesidades comunitarias.

La ley fortalece las políticas públicas dirigidas a la construcción de paz, la prevención de violencia y delitos, la investigación, la procuración de justicia y el desarrollo institucional; sin embargo, considero que enfrentará problemas de comunicación por ausencia de confianza ciudadana en las policías y la falta de cultura del ciudadano en la comunicación directa con las instituciones de seguridad pública, ya que se les excluye de las mesas de paz, que tienen un enfoque periférico, sin una justificación explícita en la ley, una situación que se debe revisar, coordinar y adecuar en cada estado de la República.

Además, la participación es promovida como una herramienta preventiva y no incide directamente en decisiones operativas que están a cargo directamente de las instituciones de seguridad pública, por lo que se debe amoldar a las exigencias de un incipiente Estado de derecho que exige la participación ciudadana en las actividades policiales y la rendición de cuentas.

El Estado debe asegurarse de que en las mesas de paz exista participación ciudadana y haya escrutinio público, a través de mecanismos vinculantes que empoderen al ciudadano para incidir en las decisiones operativas y de seguridad, si no sólo se está priorizando la eficiencia ejecutiva sobre la democracia participativa, excluyendo evaluaciones ciudadanas.

Por eso, no se observa en la ley un esfuerzo pleno por incluir a las clases menos favorecidas o grupos marginales en las decisiones en materia de seguridad pública (que es un reto que tienen los estados en sus políticas públicas); mientras no se logre una real participación de la sociedad civil en esos puntos neurálgicos, no habrá una inclusión real que transforme la seguridad pública.

Si la ley considera que la participación ciudadana es necesaria, como en cualquier Estado democrático, entonces su intervención será como veedores ciudadanos que, precisamente, estén pendientes del desarrollo de las mesas de paz, vigilen y evalúen la gestión pública, que también recopilen y analicen la información que se genere para que puedan ser propositivos en las labores policiales.

VI. Análisis comparativo (antes y después de la reforma)

Elemento	Antes de la reforma	Con la reforma (2025)	Retos
Modelo policial	Reactivo (detener para investigar)	Preventivo y de proximidad social	Cambio de cultura organizacional
Profesionalización	Voluntaria y fragmentada	Obligatoria y homologada	Certificar al 100 % en plazos cortos
Controles de confianza	Enmarcada principalmente en el polígrafo y entorno económico	Mantiene el mismo modelo	Reformar la metodología para reducir la deserción y dejar de aplicar el polígrafo
Coordinación	Dependiente de convenios	Obligatoria y sancionable	Superar resistencias locales e incluir evaluaciones ciudadanas
Participación ciudadana	Marginal	Mesas de paz (consultivas)	Hacerla vinculante y representativa

VII. Conclusiones

La reforma de 2025 representa una oportunidad histórica para construir policías del siglo xxi, más científicas, humanizadas y cercanas a la ciudadanía. Así, su éxito depende de superar siete retos interconectados y que se han señalado en el presente trabajo:

1. Resolver la tensión entre centralización federal y autonomía local.
2. Modernizar infraestructura tecnológica y de inteligencia en todos los niveles.
3. Reformar radicalmente el sistema de control de confianza y garantizar salarios y prestaciones dignas.
4. Convertir la participación ciudadana en un mecanismo vinculante y representativo.
5. Establecer candados éticos y judiciales al manejo de datos sensibles.
6. Aportación de recursos y evaluación permanente de la policía para evitar fracasos pasados por falta de planeación.
7. Conformar cuerpos de policía eficientes y técnicos con un perfil profesional y técnico que contemple valores y vocación de servicio.

Con esta reforma se busca una mayor coordinación entre los diversos ámbitos del gobierno y tener más opciones de investigación que permitan crear policías más humanizadas y profesionalizadas para las exigencias de las autoridades jurisdiccionales.

Los elementos policiales deben estar más profesionalizados para poder ubicar, localizar y detener a los grupos de la delincuencia ordinaria y organizada con el fin de lograr su desarticulación.

Debe haber un mayor interés en aplicar recursos suficientes para la capacitación y profesionalización policial, apoyados en mejores ingresos y estímulos; también, en revisar los modelos actuales de los exámenes de control y confianza que se han vuelto invasivos, estigmatizantes y carentes de objetividad.

La ley avanza en una posible coordinación interinstitucional, que permite respuestas rápidas y la prevención de delitos de alto impacto. Sin embargo, aún falta democratizar la seguridad pública e involucrar a los ciudadanos en la participación activa en las mesas de paz para que su efecto no sea periférico e incida en las decisiones operativas; estas mesas deben tener un enfoque de rendición de cuentas, ya que no hay mecanismos vinculantes que empoderen al ciudadano en las decisiones operativas ni que incluyan evaluaciones ciudadanas, amén de la centralización que existe por parte de la Secretaria de Gobernación como secretaría técnica, lo que impacta en los estados al subordinarlos en esa materia.

La coordinación entre los diversos ámbitos de gobierno es esencial para lograr los objetivos enmarcados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son ubicar, localizar y detener a los grupos de la delincuencia ordinaria y organizada y, en su momento, lograr su desarticulación; pero se debe dejar de lado esa centralización y buscar en todo momento un federalismo simétrico y la igualdad en el trato del pacto federal.

Sólo con inversión sostenida (mínimo 1 % del pib), evaluación externa independiente y la voluntad política real, será posible transitar de la policía reactiva y desacreditada actual a los cuerpos profesionales que exige un moderno Estado de derecho.

VIII. Referencias

cpeum: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917). Diario Oficial de la Federación, última reforma 10 de octubre de 2025.

lgsnsp: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Diario Oficial de la Federación (2025, 16 de julio). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5763159&fecha=16/07/2025#gsc.tab=0

lsniimsp: Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Diario Oficial de la Federación (16 de julio de 2025). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSNIIMSP.pdf

Sánchez Mercado, Félix (2016). “La profesionalización de los cuerpos policiales como una obligación de un moderno Estado de Derecho”. Revista Nuevo Sistema de Justicia Penal, 11, pp. 90-96. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/53039/Revista_NSJP_X.pdf

sesnsp: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2025, 27 de febrero). Actualización Programa Rector De Profesionalización. Ciudad de México: sesnsp. https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/actualizacion-del-prp

sspc: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2025). Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030. Ciudad de México: Unidad de Política Migratoria. https://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2025/04/asun_4874274_20250408_1744153605.pdf