Resumen

El presente artículo analiza los obstáculos estructurales que inhiben la efectividad del sistema de justicia penal en México. Mediante un examen de fuentes documentales oficiales y estudios cuantitativos recientes, se identifican tres crisis entrelazadas: la impunidad sistémica, los déficits técnico-probatorios y los riesgos institucionales emergentes. Los hallazgos revelan que, a menos que se priorice la integridad de la prueba y la capacidad pericial, las estrategias de seguridad continuarán mostrando eficacia marginal. El estudio concluye proponiendo una reingeniería institucional basada en evidencia para el bienio 2025-2027.

Palabras clave

Justicia penal, impunidad, cadena de custodia, peritaje forense, reforma judicial, México.

Abstract

This article analyzes the structural obstacles that inhibit the effectiveness of the criminal justice system in Mexico. Through an examination of official documentary sources and recent quantitative studies, three intertwined crises are identified: systemic impunity, technical-evidentiary deficits, and emergent institutional risks. The findings reveal that, unless the integrity of evidence and expert capacity are prioritized, security strategies will continue to demonstrate marginal efficacy. The study concludes by proposing an evidence-based institutional reengineering for the 2025-2027 biennium.

Keywords

Criminal justice, impunity, chain of custody, forensic expertise, judicial reform, Mexico.

Sumario

I. Introducción. II. La impunidad como fallo sistémico documentado. III. La crisis de la cadena de custodia: evidencia empírica. IV. Brecha tecnológica en la investigación criminal. V. Riesgos sistémicos de las reformas judiciales. VI. Hoja de ruta hacia un nuevo modelo de justicia. VII. Recomendaciones estratégicas para 2025-2027. VIII. Conclusiones. IX. Referencias.

I. Introducción

México enfrenta un dilema crítico en su arquitectura de seguridad. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 consolida un modelo que prioriza la capacidad de respuesta operativa mediante la Guardia Nacional, ahora bajo adscripción castrense (Gobierno de México, 2025). Sin embargo, este enfoque genera un desequilibrio fundamental: mientras la fuerza de detención se fortalece, la capacidad de construir casos penales sólidos permanece estancada. Esta investigación argumenta que la efectividad del sistema de justicia mexicano durante el periodo 2025-2027 dependerá críticamente de superar sus déficits probatorios e institucionales.

La seguridad pública continúa siendo el desafío más apremiante en la agenda nacional mexicana. A pesar de los esfuerzos gubernamentales para establecer una estructura de seguridad robusta, la percepción ciudadana de inseguridad persiste, alimentada por los altos índices de violencia y la debilidad del sistema de justicia. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (Gobierno de México, 2024) subraya la necesidad de gestionar el bienestar colectivo y establecer condiciones de justicia y paz que propicien el desarrollo sostenible. México, expuesto a amenazas complejas como el crimen organizado, la corrupción gubernamental y el colapso de infraestructura crítica, requiere urgentemente que la capacidad de investigación y persecución penal escale al mismo ritmo que la capacidad de fuerza.

II. La impunidad como fallo sistémico documentado

La impunidad en México constituye un fallo estructural cuantificable. El Índice Global de Impunidad 2023 posiciona a México entre los países con niveles de impunidad muy altos, en el que destaca la debilidad de sus sistemas de seguridad y justicia (Universidad de las Américas Puebla, 2023, p. 31). Esta condición se refleja en la “cifra negra”: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (envipe) 2023 estima que el 93.2 % de los delitos no se denuncian o no se inicia una investigación por ellos. La causa principal de esto es la desconfianza en la autoridad (inegi, 2023). La literatura especializada demuestra que la certeza o probabilidad de sanción tiene un efecto disuasorio más fuerte que la severidad de la pena, y que cuando la probabilidad de sanción es baja, ésta reduce significativamente el efecto disuasorio esperado del sistema penal (Chalfin y McCrary, 2017).

En el caso de México, el análisis técnico del sistema de justicia penal muestra que la falta de recursos, capacidades de investigación y alta carga de trabajo en fiscalías y juzgados limita la calidad y profundidad de las investigaciones criminales, lo que se traduce en tasas bajas de casos que llegan a juicio y deficiencias en la construcción probatoria que perpetúan la impunidad, reforzando un ciclo de baja probabilidad de sanción (México Evalúa, 2024).

La ineficacia administrativa tiene un costo oculto y directo: al consumir recursos a través de la mala gestión y la burocracia, reduce significativamente los fondos disponibles para fortalecer la investigación criminal, la profesionalización policial y la adquisición de infraestructura pericial avanzada. La falta de recursos técnicos y humanos se traduce directamente en deficiencias probatorias, particularmente en la cadena de custodia. Este tipo de deficiencias provoca un aumento en las tasas de no resolución, lo que, a su vez, eleva la impunidad. El ciclo se completa cuando la impunidad desincentiva la denuncia ciudadana, lo que mantiene la cifra negra en niveles altos y perpetúa la idea de que el sistema de justicia no ofrece reparación ni castigo.

III. La crisis de la cadena de custodia: evidencia empírica

La implementación del sistema penal acusatorio expuso vulnerabilidades críticas en la integridad de la prueba. Se ha documentado, a través de investigaciones, que las fallas en la cadena de custodia —como contaminación, pérdida o registro deficiente de la evidencia— son una causa recurrente de invalidez probatoria (Ponce Avelino, 2019). Este problema tiene consecuencias jurídicas directas, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia que las deficiencias graves en la cadena de custodia que comprometen la integridad de un indicio determinan su inadmisibilidad (Tesis aislada: 1ª. CCXCV/2013, octubre, 2013). El impacto es cuantificable: según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un porcentaje significativo de las absoluciones en materia penal federal se fundamenta en vicios procesales y probatorios (inegi, 2022).

Los errores en la cadena de custodia son endémicos y representan una crisis de credibilidad probatoria. En México, las fallas operacionales son recurrentes y bien documentadas: incluyen la falta de organización del equipo de investigación, la débil protección o el aseguramiento inadecuado de la escena para evitar la entrada de personas no autorizadas, errores en la toma de anotaciones y, crucialmente, la manipulación, recolección y empaque inadecuados de la evidencia.

Además del impacto en la impunidad, una inadecuada homologación sobre el procesamiento de indicios y el registro de la cadena de custodia se correlaciona con graves violaciones a los derechos humanos. Si la prueba científica es ignorada o comprometida, se genera el incentivo para recurrir a métodos ilegales para extraer información.

IV. Brecha tecnológica en la investigación criminal

La criminalidad ha experimentado una transformación digital que el sistema de justicia no ha equiparado. El crimen organizado y la delincuencia de alto impacto utilizan criptografía avanzada, servidores ubicados en jurisdicciones extraterritoriales y herramientas de comunicación efímera para ocultar sus operaciones (gi-toc, 2023). Frente a este escenario, diversos estudios han advertido que las agencias encargadas de la investigación penal y los servicios periciales carecen, de manera generalizada, de infraestructura tecnológica, software especializado y capacidades técnicas suficientes para el análisis forense digital, lo que limita severamente el aprovechamiento de evidencia electrónica disponible (Allah Rakha, 2024). Esta brecha tecnológica produce una “cifra negra digital”: indicios y datos que existen materialmente, pero que resultan técnicamente inaccesibles para su procesamiento, análisis y presentación en juicio, lo que debilita de forma estructural las investigaciones complejas y favorece escenarios de impunidad. La naturaleza cambiante del crimen organizado y la delincuencia de alto impacto obliga a la investigación a migrar al ámbito digital y telemático.

Los obstáculos técnicos más críticos que enfrentan las fiscalías y los servicios periciales incluyen:

1. Encriptación: Los avances en métodos de cifrado complican la extracción de datos de dispositivos móviles, servidores y sistemas de comunicación, lo que a menudo dificulta acceder a la evidencia sin comprometer su integridad.
2. Almacenamiento distribuido (cloud computing): La evidencia crucial reside cada vez más en la nube, fuera de la jurisdicción física directa, lo que plantea severos desafíos de autenticidad, trazabilidad y obtención legal de datos.
3. Obsolescencia tecnológica: El ritmo acelerado de cambio en hardware y software requiere que los laboratorios forenses actualicen constantemente sus herramientas y estrategias. La burocracia estatal y la falta de presupuesto a menudo impiden que las instituciones sigan este ritmo, lo que genera una obsolescencia tecnológica que compromete la capacidad de análisis.

V. Riesgos sistémicos de las reformas judiciales

Las iniciativas para implementar la elección popular de jueces representan una amenaza documentada para la independencia judicial. El informe Una amenaza a la independencia judicial. Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México advierte que la elección popular de juzgadores sin adecuados filtros de competencia técnica compromete la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial (Diálogo Interamericano, 2024). El riesgo específico para la justicia penal radica en la valoración de pruebas técnicas. Estudios sobre judicialización señalan que la falta de especialización del juzgador puede llevar a una inadecuada valoración de peritajes complejos, situación que favorece la impunidad en delitos sofisticados (Posner 2011).

La propuesta de elección popular, que busca elegir por voto a los integrantes de los órganos judiciales, ha sido objeto de severas advertencias por parte de expertos nacionales e internacionales. Los informes técnicos señalan que esta medida pone en grave riesgo la independencia judicial, al eliminar la carrera judicial y abrir la puerta a la politización y el control del Poder Judicial por parte de los partidos políticos.

La eliminación del sistema de méritos y la imposición de la elección popular introducen un riesgo de incompetencia judicial en materia técnica. Si los juzgadores carecen de la experiencia, capacitación o el conocimiento técnico profundo (necesario para evaluar peritajes especializados en electrónica, telecomunicaciones, o contabilidad forense), su capacidad para valorar la prueba científica compleja se anulará. En la práctica, esto elevará la impunidad en delitos sofisticados (corrupción, fraude, crimen organizado), en los que la prueba pericial es el elemento central.

VI. Hoja de ruta hacia un nuevo modelo de justicia

La reconfiguración del sistema de justicia mexicano puede basarse en experiencias internacionales exitosas documentadas académicamente, que ofrecen rutas probadas para la transformación institucional.

Fortalecimiento de instituciones forenses

Diversos diagnósticos internacionales señalan que la mejora de los estándares técnicos y de formación en ciencias forenses es un componente clave para sistemas judiciales más eficaces. Algunos organismos han subrayado la importancia de implementar protocolos rigurosos y contar con personal con formación especializada para reducir errores en los análisis forenses y fortalecer la administración de justicia. Estos estudios destacan la necesidad de estándares internacionales en laboratorios forenses como parte de la calidad técnica en peritajes (Rovatti, 2023).

Tecnología de blockchain para la integridad de registros

La tecnología blockchain y otras formas de distributed ledger technology (dlt) han sido identificadas en estudios técnicos como herramientas potenciales para mejorar la integridad documental en registros públicos y sistemas gubernamentales, al garantizar inmutabilidad, trazabilidad y verificabilidad permanente de los datos. Informes de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) resaltan que estas plataformas ofrecen transparencia y confianza, aunque su adopción debe evaluarse cuidadosamente en términos de costos y gobernanza institucional (Lindman et al., 2020).

Innovación y evidencia judicial

Informes sobre tendencias globales en innovación gubernamental (incluidos los servicios judiciales) subrayan que la adopción de tecnologías y metodologías innovadoras puede contribuir a mejorar la eficiencia de los procesos judiciales. Estos estudios destacan ejemplos donde la modernización administrativa y la digitalización de servicios generan beneficios medibles en la gestión de casos y servicios judiciales (ocde 2024).

Participación ciudadana y transparencia

Modelos de observación ciudadana y veeduría judicial han sido promovidos por organizaciones internacionales como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Existe literatura que resalta la importancia de estos mecanismos para fortalecer la confianza pública en sistemas judiciales democráticos y transparentes.

VII. Recomendaciones estratégicas para 2025-2027

Para revertir los déficits estructurales identificados, las políticas de seguridad y justicia para el periodo 2025–2027 deben transitar de un enfoque centrado en la fuerza coercitiva hacia un modelo basado en la integridad probatoria, capacidad técnica e independencia institucional. Estas son algunas recomendaciones estratégicas que se trazaron luego del análisis de la situación en el sistema de justicia penal:

A. Fortalecimiento técnico forense y capacitación del perito

La evidencia internacional demuestra que la inversión sostenida en capacidades forenses incrementa significativamente la eficacia del sistema penal. Se recomienda priorizar la modernización de laboratorios periciales, particularmente en áreas de informática forense, telecomunicaciones y análisis de grandes volúmenes de datos, alineando su operación con estándares internacionales de calidad (ocde, 2024).

Asimismo, la certificación periódica del personal pericial debe institucionalizarse como requisito de permanencia, con el objetivo de reducir la variabilidad técnica entre entidades federativas.

B. Blindaje de la cadena de custodia

La cadena de custodia debe concebirse como un proceso verificable y auditable. La estandarización nacional de protocolos operativos, acompañada de auditorías técnicas independientes, permitiría reducir los márgenes de discrecionalidad y los vicios probatorios recurrentes. Experiencias comparadas muestran que los sistemas con auditorías regulares de evidencia presentan menores tasas de exclusión probatoria (D’Anna et al., 2023).

C. Estrategias de mitigación ante el riesgo judicial

Ante posibles reformas que alteren los mecanismos de designación judicial, resulta indispensable fortalecer la formación técnica obligatoria de juzgadores en materia de prueba científica y evidencia digital. La literatura comparada advierte que la ausencia de especialización judicial incrementa los errores de valoración probatoria en delitos complejos.

VIII. Conclusión

El principal desafío del sistema de justicia penal mexicano para el periodo 2025–2027 no reside únicamente en la contención del delito, sino también en la capacidad institucional de transformar detenciones en sentencias sustentadas en evidencia técnicamente sólida y jurídicamente válida. La persistencia de la impunidad responde menos a la falta de fuerza estatal que a déficits estructurales en la investigación, el peritaje y la valoración judicial de la prueba.

Este estudio demuestra que, sin una inversión estratégica en capacidades forenses, una cadena de custodia blindada y una judicatura técnicamente competente, cualquier estrategia de seguridad seguirá produciendo resultados marginales. La experiencia comparada ofrece rutas claras para evitar estos escenarios, siempre que la política pública priorice la evidencia sobre la reacción y el mérito técnico sobre la politización institucional.

IX. Referencias

Allah Rakha, Naem (2024). “Cybercrime and the Law: Addressing the Challenges of Digital Forensics in Criminal Investigations”. En Mexican Law Review, 2(XVI), pp. 23–54. https://doi.org/10.22201/iij.24485306e.2024.2.18892

Cedillo, Celeste, Juan Antonio le Clercq y Azucena Cháidez (coords.) (2023, noviembre). Índice Global de Impunidad Ambiental. Un acercamiento a la problemática de la justicia ambiental. San Andrés Cholula: Universidad de las Américas Puebla. https://www.udlap.mx/APII/files/indices/IGI-Ambiental-2023-UDLAP.pdf

Chalfin, Aaron y Justin McCrary (2017). “Criminal Deterrence: A Review of the Literature”. En Journal of Economic Literature, 1(55), p. 5–48. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.20141147

D’Anna, Tomaso, Maria Puntarello, Giovanni Cannella, Giovanni Scalzo, Roberto Buscemi, Stefania Zerbo, y Antonina Argo, (2023). “The Chain of Custody in the Era of Modern Forensics: From the Classic Procedures for Gathering Evidence to the New Challenges Related to Digital Data”. En Healthcare, 11(5). https://doi.org/10.3390/healthcare11050634

Diálogo Interamericano (2024, mayo). Una amenaza a la independencia judicial. Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México. Washington: Stanford Law School - Barra Mexicana de Abogados. https://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2024/05/ES_Informe-Mexico_Independencia-Judicial.pdf

gi-toc: Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2023). Índice global de crimen organizado 2023. Ginebra: gi-toc. https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2023/09/I%CC%81ndice-global-de-crimen-organizado-2023.pdf

Gobierno de México (2025, 15 de abril). “Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030”. Diario Oficial de la Federación. https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2025/abr/DOF15ABR2025-PlanNacionalDesarrollo.pdf

inegi: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2022). Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2022. Ciudad de México: inegi. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnijf/2022/doc/cnijf_2022_resultados.pdf

inegi: (2023). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (envipe) 2023. Ciudad de México: inegi. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/envipe2023_presentacion_nacional.pdf

Lindman, Juho, Jamie Berryhill, Benjamin Welby y Mariane Piccinin Berbieri (2020, 16 noviembre). The Uncertain Promise of Blockchain for Goverment. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. https://doi.org/10.1787/d031cd67-en

México Evalúa (2024, octubre 31). “Hallazgos 2023: falta de recursos y sobrecarga de trabajo debilitan las instituciones de justicia en México” [Comunicado de prensa]. México Evalúa. https://mexicoevalua.org/mexico-evalua-presenta-hallazgos-2023-falta-de-recursos-y-sobrecarga-de-trabajo-debilitan-las-instituciones-de-justicia-en-mexico/

ocde: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2024). Global Trends in Government Innovation 2024. Fostering Human-Centred Public Services. París: ocde. https://doi.org/10.1787/c1bc19c3-en

Ponce Avelino, Saraí (2019). Cadena de custodia: su impacto en la eficacia probatoria de los indicios, vestigios, instrumentos, objetos y/o productos del delito, incorporados como pruebas por la autoridad investigadora en el proceso penal de corte acusatorio y adversarial en México [Tesis de especialidad en Derecho Penal]. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000793325

Posner A., Richard (2011). Cómo deciden los jueces. Barcelona: Marcial Pons.

Rovatti, Pablo (2023). Manual sobre derechos humanos y prueba en el proceso penal. Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación. https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/Publicaciones/archivos/2024-02/Manual%20sobre%20derechos%20humanos%20y%20prueba%20en%20el%20proceso%20penal.pdf

Tesis aislada: 1a. CCXCV/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo 2, (octubre, 2013), p. 1043. Registro digital: 2004653.