Sumario:
I. Introducción. II. Justicia transicional y democracia en América Latina. III. Justicia transicional y democracia en Guatemala; A. La verdad; B. Justicia; C. Reparaciones y garantías de no repetición. IV. Reflexiones finales. V. Fuentes de consulta.
I. Introducción
La democracia y el Estado probablemente son los temas que mayor atención han tenido por parte de las ciencias sociales. El primero de estos, sin embargo, ha dado la oportunidad de un análisis más remoto en el tiempo, debido a que esta forma de gobierno se practicó desde la Edad antigua, mientras que el Estado nació con la Modernidad. Desde la academia se han identificado y estudiado diversos tipos de democracia: representativa, participativa, delegativa, tutelada, liberal, sustantiva, procedimental, etcétera.
Los gobiernos latinoamericanos que a finales del siglo pasado emergieron de dictaduras y de otros regímenes autoritarios propusieron formalmente para sus países la construcción tanto de la democracia como del Estado de derecho. Tomando en cuenta esto, considero que el modelo de democracia que mejor podría describir el objetivo que se plantearon es el de democracia constitucional. Una de las primeras acciones de los nuevos gobiernos fue precisamente adecuar sus constituciones a fin de que estuvieran acordes con el objetivo ya mencionado.
Las dictaduras y los conflictos bélicos terminaron por muy diversos motivos, dependiendo de las circunstancias propias de cada país. Sin embargo, uno de los elementos que influyeron fuertemente en todos los casos fue la presión que a el nivel internacional se ejerció para que se efectuara la transición a la democracia. Por ello, las reformas constitucionales que los países latinoamericanos hicieron tuvieron como parámetro los estándares internacionales. Tanto los derechos fundamentales como los elementos de organización del Estado que incluyeron fueron acordes con los establecidos por el derecho internacional.
En este sentido, podría decirse que lo que se intentó aplicar en América Latina fue la democracia constitucional con base en el derecho internacional. Como acción complementaria a las reformas constitucionales, la mayor parte de los Estados suscribió instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos.
Además, uno de los muchos cuestionamientos que tuvieron los entonces nuevos gobiernos fue la posición que tendrían ante las violaciones graves, sistemáticas y masivas a los derechos humanos que habían cometido sus antecesores.
El presente texto tiene como objetivo principal estudiar la relación existente entre justicia transicional y democracia. En primera instancia se efectúan algunas abstracciones y consideraciones generales respecto a América Latina y, posteriormente, se analiza el caso de Guatemala. El ejercicio que se hace en el primer sentido tiene el propósito de llamar la atención sobre líneas generales, sin desconocer que cada uno de los países ofrece distintas particularidades. En él se considera también la influencia del sistema internacional. El estudio de Guatemala ofrece la oportunidad de hacer una mayor profundización y además presentar un balance integral de los logros y fracasos que se han obtenido respecto a dicha justicia en este país.
II. Justicia transicional y democracia en América Latina
Antes de que la justicia transicional emergiera como concepto, en los países latinoamericanos se empezaron a efectuar acciones tendientes a la construcción de lo que posteriormente se identificaría como bases, elementos, orientaciones, fines o componentes de dicha justicia: la verdad, la justicia, las reparaciones. El país pionero en este sentido fue Argentina. El cuarto componente, las garantías de no repetición, sería construido y aplicado en un momento posterior.
Las acciones emprendidas en el marco de la justicia transicional tuvieron como base tanto los derechos reconocidos constitucional e internacionalmente como los valores y principios proclamados por los nuevos gobiernos. La verdad tuvo como fundamentos jurídicos la libertad de información y de expresión y las garantías y protección judiciales, y como base y orientación política, el reconocimiento de las víctimas como sujetos necesarios para la reconstrucción histórica de los países y la generación de la memoria colectiva. Las acciones que se dieron al interior de los diferentes Estados en torno a este componente sirvieron para que desde el nivel internacional se fuera conformando lo que ya en el siglo xxi sería catalogado formalmente como derecho a la verdad. La Organización de Estados Americanos, y en particular la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han hecho grandes aportes a este respecto. La comisión ha reconocido una doble dimensión del derecho a la verdad: la primera es respecto a las víctimas y sus familiares, y la segunda es en relación con la sociedad:
En segundo lugar, se ha consolidado la noción de que este derecho no sólo corresponde a las víctimas y sus familiares, sino también a la sociedad en su conjunto. Al respecto, la Comisión ha sostenido que toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que se realizaron los aberrantes delitos. (cidh, 2014: párrafo 15)
Ambas dimensiones tienen consecuencias para la vigencia de la democracia, y a su vez la posibilidad de que se materialicen depende del grado de efectividad de la misma democracia.
Los Estados de la región siguen siendo reactivos a las resoluciones de la Corte Interamericana (unos más que otros). Sin embargo, la jurisprudencia de esta en realidad resulta sumamente pedagógica para la construcción o el fortalecimiento de las democracias. Coincido con Acuña (2014) cuando señala: “La Corte Interamericana, al resolver diversos casos, ha establecido la relación existente entre democracia y derechos, y de esta forma ha gestado una serie de postulados para el diseño de las democracias constitucionales de la región” (p. 3). En particular, las reparaciones ordenadas relativas a las garantías de no repetición brindan al Estado la oportunidad de mejorar la eficiencia de sus instituciones y de subsanar deficiencias o insuficiencias de su derecho interno. Esto ha sido especialmente claro en las sentencias de casos relativos a la justicia transicional.
Tanto la normatividad y la actuación internacional como el derecho interno de los países de la región y los estudios académicos han realizado grandes aportes para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia, del Estado de derecho y de los derechos humanos. No obstante, el nivel pragmático no ha sido congruente con las disposiciones jurídicas y con los avances teóricos. Tampoco ha estado en consonancia con las promesas esgrimidas por los regímenes que emergieron de las dictaduras y de los conflictos bélicos. El aspecto en el cual la democracia ha tenido mayores logros ha sido el procedimental. Sin embargo, conforme ha ido avanzando el presente siglo, en varios países de la región se han ido revelando deficiencias también en este terreno. En casos más drásticos, ha habido incluso golpes de Estado (Haití en 2004, Honduras en 2009, Paraguay en 2012, Brasil en 2016, Bolivia en 2019) o intentos de ellos.
En los últimos años, se ha visto la actualización de acciones y políticas represivas y autoritarias ante diversos movimientos que se han manifestado en contra de medidas gubernamentales, las cuales representaban un deterioro aún más pronunciado en las condiciones de la sociedad. Ante protestas organizadas y exhibidas de manera pacífica, gobiernos de diversos países (Colombia, Haití, Venezuela, Nicaragua, Chile) reaccionaron de manera sumamente violenta al extremo de herir de gravedad o incluso de matar a los manifestantes. Este grado de violencia máxima contra población que ejerce un legítimo derecho reconocido y avalado por el derecho contradice también los postulados de la democracia.
En este escenario tan sombrío, podría pensarse que la lucha de la sociedad civil y de las víctimas o familiares en torno a la justicia transicional es una cuestión marginal. Sin embargo, los logros y los obstáculos que enfrentan pueden considerarse como un reflejo de la calidad de la democracia de los países en los que se lleva a cabo esta lucha. Nos hace ver el estado de la administración de la justicia y la eficacia y eficiencia de las instituciones encargadas de aplicar el derecho, así como la voluntad política de los gobernantes y funcionarios públicos por cumplir y hacer cumplir la ley.
III. justicia transicional y la democracia en Guatemala
La justicia transicional en Guatemala es asociada, con razón, con los procesos de paz por los cuales se dio fin al conflicto bélico y con los años que siguieron a la firma definitiva de dicha paz. Sin embargo, este país transitó formalmente a la democracia varios años antes. En julio de 1984, se celebraron elecciones de los miembros que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente, y en noviembre de 1985, las de presidente y vicepresidente. Por medio de estas últimas, se eligió como titular del Poder Ejecutivo a Marco Vinicio Cerezo Arévalo, abogado sin pertenencia al ejército.
Lo que en este momento se realizó representó en términos morales, filosóficos y normativos un quiebre con el pasado y a favor de la democracia y de la construcción del Estado de derecho. La Asamblea Nacional Constituyente (1985) proclamó el 31 de mayo de 1985 una nueva Constitución, la cual disponía la organización del Estado bajo parámetros democráticos, y el reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Dicha asamblea también emitió la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En 1986 se creó la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos. Con estas acciones, Guatemala se ponía a la vanguardia respecto al resto de los países de América Latina.
La situación a nivel pragmático, no obstante, distó mucho del espíritu y de la letra de los preceptos jurídicos y políticos. El régimen de Cerezo se conoce, con justicia, como el correspondiente a una democracia tutelada, siendo el Ejército el tutor. En la realidad, esta institución siguió marcando la pauta de la mayoría de las acciones del país, contrariando diversos postulados, en especial el que ordenaba la subordinación militar al gobierno civil. Es cierto que la escalada de violencia política fue menor que en los regímenes anteriores, pero se siguieron cometiendo violaciones gravísimas y sistemáticas a los derechos humanos, atribuibles al Estado, por ejecución directa principalmente de los militares.
La mirada del mundo sobre Guatemala ya estaba puesta desde este momento, e incluso años antes. El interés de la comunidad internacional (que estuvo sumamente diluido durante el desarrollo del conflicto bélico) empezó a materializarse como parte del proceso por el cual la Organización de las Naciones Unidas y otros actores internacionales pugnaban por el fin de las dictaduras y de otros regímenes autoritarios en todo el planeta y por la transición de estos hacia la democracia. En 1983 ya estaba en funciones el Grupo Contadora promoviendo el establecimiento de la paz en Centroamérica. Este grupo estuvo conformado por Estados (originalmente por México y Colombia, y con posterioridad por Panamá y Venezuela), pero fue avalado por la onu a través del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General.
Tanto las acciones llevadas a cabo por Contadora como las negociaciones de Esquipulas sirvieron como importante antecedente del proceso de paz que se llevaría a cabo en Guatemala a partir de 1991 y que también estaría fuertemente apoyado por la onu. Las pláticas de paz no solo tuvieron en la mira el fin del conflicto armado, sino también la construcción de un nuevo régimen político y jurídico. En consonancia con la tendencia llevada a cabo en todo el mundo, este nuevo régimen no podía ser otro más que uno democrático que estuviera sustentado en un Estado de derecho. En términos de ciencia política, se buscaba una democracia constitucional bajo los parámetros del derecho internacional. De los 12 acuerdos firmados, el primero se refería a la democracia y el segundo a los derechos humanos, siendo sus nombres los siguientes: “1. Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos (Querétaro, México, 25 de julio de1991). 2. Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (México, D.F., 29 de marzo de 1994)” (Secretaría de la Paz, 2006).
El primer acuerdo de paz se suscribió durante el gobierno de Jorge Serrano Elías (14 de enero de 1991 al 31 de mayo de 1993). Esto representó un elemento positivo de su gestión, lo mismo que la creación de dos importantes instituciones dependientes del Poder Ejecutivo: el Fondo Nacional para la Paz, a través del cual se buscaba el desarrollo de las comunidades rurales, y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (copredeh). Esta última tendría un papel muy activo e incidente en los años que siguieron a la firma de la paz, a favor de los derechos humanos en general y de la justicia transicional en particular. Las elecciones que llevaron a Serrano a la presidencia y su investidura en el cargo fueron elementos positivos en el sentido de haber representado el primer relevo democrático y legítimo desde 1951. No obstante, su gobierno tuvo un saldo completamente negativo respecto a la construcción de la democracia en términos integrales.
En principios de cuentas, el Ejército conservó el poder real y siguió cometiendo violaciones muy graves a los derechos humanos, entre las que se cuentan asesinatos, desapariciones forzadas y torturas. Como ejemplo de ello tenemos que en 1992 se asesinó a la antropóloga Myrna Mack (el 11 de septiembre), se inició la desaparición forzada del líder guerrillero y participante en las negociaciones de paz Efraín Bámaca (el 12 de marzo) y se secuestró y torturó a la integrante del Ejército Guerrillero de los Pobres, Maritza Urrutia (23 al 30 de julio). En estos tres casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencias en las que estableció la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala y dictó las reparaciones correspondientes.
No obstante la gravedad de la violencia política, el gobierno de Serrano Elías es recordado principalmente como aquel que dio un golpe frontal a la democracia, debido al intento de autogolpe de Estado que realizó el 25 de mayo de 1993. Ese día anunció en cadena televisiva nacional que había emitido un decreto por el cual disolvía el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia; destituía al procurador general de la nación y al jefe del Ministerio Público; y solicitaba al Tribunal Supremo Electoral convocar a una asamblea nacional constituyente.
El presidente no encontró eco a sus pretensiones por parte de ninguna de las instituciones del Estado (incluyendo al Ejército). La Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales e ilegítimas las medidas, y el Tribunal Supremo Electoral se negó a cumplir lo ordenado. Serrano Elías renunció a la presidencia y abandonó el país rumbo a Panamá, en donde reside actualmente sin posibilidad de regresar a Guatemala. El Congreso designó para terminar el periodo presidencial a Ramiro de León Carpio, quien hasta el momento del autogolpe se desempeñaba como procurador de los derechos humanos y era reconocido como una persona comprometida con la democracia y con el Estado de derecho. Su nombramiento tuvo un amplio apoyo popular e internacional.
Durante su gobierno (6 de junio de 1993 a 14 de enero de 1996) se avanzó sustancialmente en el proceso de paz, al firmarse cinco de los 12 acuerdos. Al interior del país, pudo negociar un equilibrio de poder con el Ejército. Quizás a estas negociaciones se haya debido que colocara al frente del Estado Mayor Presidencial al entonces coronel Otto Pérez Molina, quien hasta entonces estaba a cargo de la Dirección de Inteligencia Militar. Estas dos dependencias gozaron durante el conflicto bélico de gran poder y fueron responsables de haber cometido una gran cantidad de graves violaciones a los derechos humanos.
En su breve mandato, De León Carpio intentó reformas que fortalecerían a la democracia. Pidió en un principio (26 de agosto de 1995) a los integrantes del Congreso que renunciaran a sus puestos con el fin de realizar una depuración mayor y ante su negativa logró que aceptaran que se convocara a elecciones para la conformación de un nuevo congreso. Consiguió también que se efectuaran modificaciones a la Constitución Política que entre otras cuestiones redujeron el mandato presidencial y del Congreso (de cinco a cuatro años, como se realiza hasta la fecha).
En el lapso de su gobierno se verificaron dos situaciones que tendrían importantes repercusiones a favor de la justicia y de la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada. En 1994 se hizo una reforma estructural del sistema judicial, transformándolo de inquisitivo a acusatorio. Esto significó una apertura gradual pero sostenida que permitió a las organizaciones civiles de derechos humanos ir obteniendo respuestas positivas ante un sistema hasta entonces prácticamente inaccesible. En este año también se reformó el Código Procesal Penal para introducir el Procedimiento Especial de Averiguación, el cual se establece con el objetivo de encontrar a víctimas de desaparición forzada y es explicado por Mario Polanco (Orduña, 2017) de la siguiente manera:
[se solicita] ante la Corte Suprema de Justicia. Ésta da trámite al procedimiento especial de averiguación, y cita en la cámara penal a una audiencia solemne en la que hay cinco magistrados de dicha cámara que escuchan a los representantes del Estado, a la organización civil que presenta el caso y al familiar de la persona desaparecida, quienes relatan lo que ha sucedido y en qué consistió la desaparición. La Corte Suprema de Justicia otorga un mandato especial para buscar a la persona desaparecida. De acuerdo con el orden de prioridad le puede dar este mandato a: la Procuraduría de Derechos Humanos, a la organización solicitante, al cónyuge o a cualquier familiar de la víctima. Cualquiera de los que tenga el mandato tiene las facultades de citar al ministro de la defensa o a cualquier otro funcionario si lo cree conveniente, e interrogarlo sobre el caso de la persona desaparecida. Inclusive puede abrir un proceso penal en contra de quien considere responsable dentro de cada caso.
Este procedimiento se pide en los casos en los cuales se interpuso sin éxito un recurso de exhibición personal. Aunque se puede cuestionar la efectividad que en los hechos ha tenido, jurídicamente es impecable tanto en técnica como en espíritu y debería ser conocido por las organizaciones y las personas que pugnan por encontrar a las víctimas de desaparición forzada. Es una figura original de Guatemala que no ha sido replicada en ningún otro país del mundo.
A. La verdad
La firma de la paz trajo para Guatemala varias posibilidades a favor de la justicia transicional. Las primeras acciones que se aplicaron en la materia fueron respecto a la verdad. El acuerdo de paz número cuatro se refirió al establecimiento de la Comisión sobre el Esclarecimiento Histórico (ceh).
El informe que en 1999 presentó esta comisión, titulado Memoria del silencio, es uno de los mejor logrados no solo en la región americana, sino en el mundo entero. A lo largo de sus 12 volúmenes se identificó el número y el tipo de las violaciones a los derechos humanos, el derecho interno e internacional violado, los patrones de ejecución, las instituciones responsables, el periodo de mayor violencia, entre otras cuestiones importantes. Contiene diversas gráficas a través de las cuales se puede entender de manera esquemática, sencilla (y también terrible) lo sucedido. En estas se pueden identificar, por ejemplo, las regiones del país mayormente afectadas. En el informe también se reconocieron las causas remotas y recientes de la violencia política. Entre las conclusiones más importantes y difundidas a las que llegó se establece que el Estado fue responsable del 93% de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron y que el 83% de las víctimas pertenecieron a la población maya.
Este informe tomó como base otro que había sido realizado por la arquidiócesis de la Iglesia católica y presentado un año antes, en 1998, y que tuvo por nombre Recuento de la memoria histórica (remhi). Guatemala. Nunca más. Cada uno de los documentos tiene un valor enorme. El hecho de la existencia de ambos hace de Guatemala un caso sumamente exitoso respecto al trabajo de las comisiones de la verdad.
Otras cuestiones que han contribuido al logro de la verdad en este país son el descubrimiento y la profesionalización del Archivo Histórico de la Policía Nacional (ahpn), la instauración de los Archivos de la Paz, la creación de la Ley de Acceso a la Información y el trabajo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (fafg). La verdad alcanzada a través del trabajo de estas instituciones ha tenido efectos benéficos en las víctimas y en sus familiares y, además, ha ayudado al fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho. Con ello podemos ver de una manera práctica la dimensión individual y social que la Corte Interamericana ha identificado como parte del derecho a la verdad.
Al conocer lo que le ocurrió a un ser querido, una persona puede lograr un cierto grado de consuelo que le permita transitar y afrontar el duelo correspondiente. La verdad también ayuda a la construcción de la ciudadanía y de la confianza social. Las dependencias mencionadas fueron además importantes debido a que formaron parte de la institucionalidad democrática y porque por medio de su trabajo pudieron obtenerse pruebas y peritajes que se presentaron en procesos judiciales, con lo cual se logró justicia y se fortaleció el Estado de derecho.
El ahpn, por su parte, fue descubierto de una manera completamente accidental en el año 2005. Antes de ello, su existencia fue negada. Este archivo constituye uno de los acervos más ricos en la escala global de documentos generados por una dependencia represiva. Contiene 80 millones de folios que la Policía Nacional produjo entre 1881 y 1997. El entonces procurador de los derechos humanos, Sergio Morales, nombró coordinador del archivo a Gustavo Meoño, quien es una persona con una gran trayectoria en la defensa de los derechos humanos y que además había sido integrante del Ejército Guerrillero de los Pobres, una organización guerrillera que luchó contra el gobierno militar durante el conflicto bélico. Las personas que estuvieron a cargo del ahpn se abocaron a su rescate y profesionalización. Lo encontraron en condiciones materiales extremas de inseguridad, dado el ambiente de oscuridad, de humedad, de existencia de plagas y de eminente descomposición en el cual estaban los documentos. El coordinador y su equipo cercano subsanaron estas condiciones y además buscaron asesoría especializada para la profesionalización del archivo. La hallaron en la archivista mundialmente reconocida, Truddy Peterson, quien estuvo trabajando en Guatemala una semana de todos los meses, durante dos años, hasta dejar el archivo en una situación inmejorable.
Tres méritos más tuvo el coordinador del ahpn: logró que países como “Suiza, Suecia, Holanda, el país Vasco, La Generalitat de Cataluña” (Orduña, 2011: p. 114) financiaran el archivo; acordó con Suiza y con la Universidad de Austin, Texas, que conservaran copias de los documentos digitalizados, y conformó un equipo profesional y con gran mística para el trabajo. La labor que desarrollaron fue enorme. Las condiciones que desarrolló permitieron la profesionalización y oportunidad de acceso al archivo.
En el año 2008 el presidente Álvaro Colom instauró los Archivos de la paz, los cuales se abocaron a buscar, digitalizar y ordenar archivos de dependencias del Estado que tuvieron relación con el conflicto armado. Entre sus logros estuvo el trabajo desempeñado con documentos de la Secretaría del Bienestar Social de la presidencia, institución que ayudó a realizar adopciones ilegales de menores de edad que habían sido capturados, recogidos o arrebatados a sus padres durante la guerra. Hasta el momento de su clausura, en el año 2012, habían desarrollado y publicado nueve investigaciones sobre temas como las adopciones ilegales, la niñez desaparecida, los archivos de la Policía Nacional y el Estado Mayor Presidencial.
La fafg se estableció como tal en Guatemala (desde 1992 el Equipo de Antropología Forense de Guatemala, antecedente de la fafg, había estado investigando casos del conflicto armado). Colaboró estrechamente con la ceh y en 2008 instauró su Laboratorio de Genética Forense. Su labor ha sido muy importante para dar certeza sobre el paradero de muchas personas consideradas como desaparecidas y de esta manera ha ayudado a los familiares que los estaban buscando. Hasta la fecha (junio de 2021), habían identificado a 3 709 personas y recuperado los restos de 8 189 (fafg, 2021). Esto último lo han logrado a través de las exhumaciones que realizan.
La Ley de Acceso a la Información Pública, emitida en el año 2008, fue producto de los esfuerzos realizados a favor de la verdad y, una vez en vigor, se convirtió en un importante propulsor de la misma. En la Constitución Política ya se establecía la obligación de la publicidad de los actos administrativos (artículo 30) y el derecho de las personas al acceso a archivos y registros estatales (artículo 31). La ley reguló estos elementos y además estableció el derecho a la información de una manera clara y acorde con los estándares internacionales, señalando en primera instancia que su objeto es: “Garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la presente ley” (Ley de Acceso a la Información Pública, 2008: artículo 1). El ahpn encontró en el artículo 24, que señala que “en ningún caso podrá clasificarse como confidencialo reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad”, el fundamento idóneo para hacer públicos sus acervos. Lo mismo sucedió con los Archivos de la Paz, pero además este artículo le dio la posibilidad a otras dependencias de solicitar información sin que pudieran escudarse en el derecho a negarla aduciendo que era confidencial.
Entre los logros alcanzados respecto a la verdad, debe reconocerse la exhibición pública de dos archivos militares muy importantes: el Diario Militar y el Plan de Operaciones Sofía. El primero fue dado a conocer en 1999 por Kate Doyle, quien es investigadora y responsable del proyecto para Guatemala del National Security Archive (organización civil de Estados Unidos, dependiente de la Universidad de Georgetown). Ella señaló que el archivo le había sido vendido por un empleado del Ejército guatemalteco, quien lo sustrajo clandestinamente de esta institución castrense. En 2009 el presidente Álvaro Colom declaró públicamente que el Plan de Operaciones Sofía había sido introducido a la sede presidencial entre la correspondencia oficial, sin ningún tipo de remitente. Ambos archivos contienen importantes y claras evidencias de violaciones muy graves y sistemáticas a los derechos humanos realizadas durante el conflicto bélico por integrantes del Ejército y del Estado Mayor Presidencial y han ayudado no solo al establecimiento de la verdad, sino también de la justicia interna. El Diario Militar, además, fue objeto del escrutinio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del cual estableció la responsabilidad internacional de Guatemala.
B. Justicia
La justicia respecto a los crímenes cometidos durante el conflicto bélico también tuvo importantes logros a partir de que se firmaron los acuerdos de paz. En este sentido, la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, instaurada en 1985, fue adquiriendo mayor presencia y fortaleza. El trabajo de esta dependió en gran medida del perfil y compromiso de cada procurador, pero en términos generales puede decirse que fue un apoyo para las organizaciones civiles de derechos humanos que luchaban en pro de la justicia transicional. La reforma al sistema judicial, realizada en 1994, también dio frutos más concretos a raíz de la transición vivida con el fin del conflicto bélico. La inclusión de la figura de desaparición forzada en el Código Penal, en 1998, representó para las organizaciones civiles y para los familiares de las víctimas una oportunidad (antes cerrada) para presentar denuncias respecto a este delito. Esto fue así gracias a que la figura establecida en el Código Penal estuvo acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, que reconocen a la desaparición forzada una naturaleza permanente y continuada. Hasta antes de ello, se habían podido denunciar las desapariciones solo a través de la figura del secuestro, pero la mayor parte de las veces dichas denuncias no prosperaban debido a que se consideraban prescritos los delitos, dados los años que habían transcurrido desde la comisión de los hechos.
En 2007 comenzó a funcionar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (cicig), un organismo internacional creado por acuerdo de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala a petición de este último. Tuvo como objetivo:
… apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad: grupos criminales que han infiltrado las instituciones estatales fomentando la impunidad y socavando los logros democráticos alcanzados en Guatemala desde el final del conflicto armado interno. (cicig, 2019)
Este organismo no contó entre sus obligaciones incidir en la investigación de los crímenes cometidos durante el conflicto bélico. No obstante, su actuación indirectamente si ayudó en este sentido, debido a que en muchos casos las personas que habían perpetrado dichos crímenes, una vez conseguida la paz, se insertaron en los cuerpos ilegales y en los aparatos clandestinos de seguridad y utilizaron sus vínculos con el Estado y sus conocimientos para cometer nuevos delitos. Así, la cicig no los investigó por lo cometido en el pasado, pero al ser sancionados por los nuevos ilícitos la justicia pudo materializarse sobre ellos. El caso más ilustrativo al respecto es el de Otto Pérez Molina, a quien se le atribuye la comisión de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos durante la guerra (en el Diario Militar se encuentran indicios). Nunca fue sometido a la justicia por ello, sin embargo, la cicig descubrió y evidenció que durante su periodo presidencial en Guatemala dirigía una red de corrupción a gran escala, y apoyó la intervención del Ministerio Público para la investigación correspondiente. Ante estos hechos, en septiembre de 2015, Pérez Molina renunció a la presidencia y actualmente se encuentra en prisión.
Los logros de la cicig no habrían sido posibles de no haberse realizado las reformas que fortalecieron y profesionalizaron al Ministerio Público. La justicia transicional en concreto se vio favorecida con la creación de la Fiscalía de Derechos y, de forma más particular, con la de Asuntos del Conflicto Bélico. Este fortalecimiento se llevó a cabo gracias a la actuación comprometida y competente de tres fiscales generales: Amilcar Velásquez (2008-2010), Claudia Paz y Paz (2010-2014) y Thelma Aldana (2014-2018). Durante la gestión del primero de ellos, en 2009, se emitió la primera sentencia por desaparición forzada, en la que se condenó a prisión al excomisionado militar Felipe Cusanero por la desaparición de seis personas en la aldea de Choatalum. Los delitos los cometió entre 1982 y 1984.
Por otro lado, el Poder Judicial experimentó una profesionalización en diversos aspectos, que se vio acompañada por el arribo de una nueva generación de jueces desvinculados de los grupos de poder hegemónico y más comprometidos con la justicia. La reforma estructural que benefició en mayor medida a la justicia transicional fue la creación de los juzgados de mayor riesgo, en el año 2009, que tienen competencia respecto a los siguientes delitos: “a) Genocidio; b) Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; c) Desaparición forzada; d) Tortura; e) Asesinato… [sigue la enumeración]” (Congreso de la república, 2009: artículo 3).
También en el año de 2009 se emitió una ley que tendría un impacto muy importante en el fortalecimiento integral del Estado de derecho. Se trata de la Ley de Comisiones de Postulación, mediante la cual se elige mediante un procedimiento público a los siguientes funcionarios: fiscal general, procurador de derechos humanos y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad. Este es otro de los ordenamientos dignos de tomar en cuenta en otras latitudes porque representa la oportunidad de que los perfiles más idóneos dirijan las instituciones clave en un régimen democrático. Mario Polanco explica las características principales:
Cualquiera puede asistir a observar e inclusive filmar cómo se está llevando a cabo el proceso en el que van a nombrar a [los] funcionarios. Las comisiones de postulación tienen la obligación de publicar los nombres de todos los que quieran concursar para determinado cargo. Si alguna persona de la población tiene una prueba de que quien se está postulando al cargo hizo algo incorrecto en el pasado puede presentarla. Esto sirve como un veto para el nombramiento y ha contribuido al fortalecimiento de la justicia, porque, por ejemplo, un juez de paz tiene la esperanza de ser juez de primera instancia, posteriormente magistrado de una Sala de apelaciones, después magistrado de la Corte Superior de Justicia y así de manera sucesiva. Entonces muchos tratan de jugar un buen papel. Si alguno realiza algún acto ilícito (por ejemplo dejar libre a un narcotraficante o un violador de los derechos humanos), una persona puede documentar ese acto y presentarlo como un veto en determinado momento. Ese profesional puede arruinar su futuro si aplica la ley de manera incorrecta. (Orduña, 2017)
Todo ello dio por resultado que las organizaciones sociales que habían estado buscando justicia desde que se estaba desarrollando el conflicto bélico pudieran obtener resultados favorables concretos. El ahpn ayudó enormemente en este sentido. En sus acervos se encontraron pruebas que pudieron ser presentadas ante los juzgados y que permitieron la condena de muchos represores del pasado. Su personal recibió capacitación para fungir también como peritos en los juicios. Gracias a ello se pudo sentenciar a personas que tuvieron muy altos cargos durante el conflicto bélico. Lo mismo puede decirse de la labor de los Archivos de la Paz y de la fafg, ya que no solo ayudó para la obtención de la verdad, sino también de la justicia. Ambas instituciones apartaron pruebas y realizaron peritajes que sirvieron para el establecimiento de condenas. Además, probaron la posibilidad del trabajo interinstitucional exitoso. El ahpn colaboró en diversas ocasiones brindando a los Archivos de la Paz acceso a sus documentos. Una evidencia concreta del trabajo coordinado entre estas dos instituciones fue la publicación de la investigación: el Diario Militar a la luz de los documentos de la Policía Nacional.
Impunity Watch (2018) hace el siguiente recuento respecto a las sentencias: “Hasta finales de 2017, los tribunales guatemaltecos habían juzgado 20 casos de graves violaciones a los derechos humanos del conflicto armado interno, a esto se suma la reciente sentencia del caso Molina Theissen, del 23 de mayo de 2018” (p. 65). Por este caso se condenó a personajes que ocuparon puestos de una muy alta jerarquía durante el conflicto bélico: Benedicto Lucas García (exjefe del Estado Mayor y hermano del expresidente de Guatemala, Romeo Lucas García), Manuel Antonio Callejas (general de División), Hugo Ramiro Zaldaña (oficial del Estado Mayor del Ejército) y Francisco Gordillo Martínez (comandante de una zona militar).
La sentencia, que obtuvo una gran difusión nacional e internacional, fue la de Efraín Ríos Montt, en la que se le condenó en marzo de 2013 por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.
C. Reparaciones y garantías de no repetición
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un papel muy importante en relación con las reparaciones establecidas en Guatemala. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo (el 9 de marzo de 1987), este país aceptó la competencia contenciosa de dicho organismo. El rubro en el cual el Estado ha tenido mayor cumplimiento ha sido respecto al pago de indemnizaciones, pero ha sido omiso en acatar otras reparaciones, como por ejemplo el esclarecimiento del paradero de las personas desaparecidas. Las sentencias emitidas por la Corte, no obstante, han sido sumamente útiles en el impulso de juicios internos. Esto fue especialmente claro en el caso Molina Theisen y en el del Diario Militar.
En este contexto, el presidente Alfonso Portillo, en mayo de 2003, ordenó la creación del Programa Nacional de Resarcimiento. Si bien el balance general de los resultados de este programa es negativo debido principalmente al bajo presupuesto asignado, al carácter excesivamente burocrático del proceso de solicitud y a la corrupción ejercida por diversos integrantes de su personal, el espíritu con el que fue creado y los objetivos formales que tuvo fueron realmente muy positivos.
En materia de reconocimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto bélico, se han obtenido algunos logros, aunque han sido insuficientes. Los cuatro presidentes que gobernaron durante e inmediatamente después de la firma de la paz emitieron algunas declaraciones al respecto y pidieron perdón en nombre del Estado. Álvaro Arzú en un acto celebrado en Quiché, en diciembre de 1998, lo hizo de manera muy vaga señalando “yo pido perdón al pueblo de Guatemala por nuestras acciones u omisiones, por lo que hicimos o dejamos de hacer” (Redacción El Tiempo, 1998). En el mismo acto el entonces ministro de la Defensa, Héctor Barrios, contribuyó a que esta petición no tuviera efectos de dignificación a las víctimas ni de reconocimiento sustancial de los sucedido, pues indicó que la guerra había sido producto de la presencia de actores extranjeros, y manifestó: “el Ejército pide perdón a nuestro pueblo por los errores y extralimitaciones que pudieron cometerse y espera el surgimiento de la verdad sobre lo sucedido durante el enfrentamiento” (Redacción El Tiempo, 1998). Errores y extralimitaciones son cuestiones sumamente diferentes a lo que en realidad sucedió: la comisión de crímenes muy graves, masivos y sistemáticos.
El 25 de febrero de 2004, durante la conmemoración del día nacional de dignidad de las víctimas y en el marco de la creación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (minugua), el presidente Óscar Berger pidió perdón a estas por los crímenes cometidos a lo largo de todo el conflicto bélico y en particular a la familia de Myrna Mack, quien, como señalamos, fue asesinada el 11 de septiembre de 1990.
Álvaro Colom, por su parte, reconoció que en Guatemala se había cometido genocidio y etnocidio. El 25 de febrero de 2009, durante la conmemoración del día Nacional de Dignificación de las Víctimas de la guerra civil, manifestó:
Como presidente, jefe del Estado y comandante en jefe del ejército les pido perdón [a todas las víctimas del conflicto bélico], porque fue el sistema. Cómo llegó tan lejos, no sé, cómo llegamos tan lejos como sociedad, no lo sé, pero llegamos lejísimos. (afp, 2009: 27)
Sin embargo, los presidentes que gobernaron con posterioridad no solo no pidieron perdón a las víctimas, sino que además han negado que se haya cometido genocidio en Guatemala.
En las líneas que antecedieron se presentaron los logros más significativos obtenidos en Guatemala en materia de justicia transicional. La existencia de ellos tiene múltiples causas, pero debe reconocerse de manera especial el trabajo de las organizaciones civiles de derechos humanos y de las víctimas y sus familiares. Las movilizaciones y protestas sociales masivas y pacíficas que se han realizado en determinados momentos han tenido también un gran peso, al grado de haber conseguido revertir decisiones gubernamentales que habrían sido muy perjudiciales para el país. Esto es un aspecto sumamente positivo, ya que habla de la existencia de una ciudadanía activa e informada.
Los logros mencionados se dieron en un contexto de gran tensión social y política. Consideramos que los aspectos positivos representaron aportes a la democracia y al fortalecimiento del Estado de derecho, pero hay muchos otros que atentan contra ambos elementos. Sigue privando la discriminación hacia las comunidades indígenas, así como la violencia contra ellas. Una de las violencias más significativas es la que se ejerce contra los líderes de las comunidades que se oponen al establecimiento de megaproyectos extractivistas, los cuales atentan contra sus territorios originarios y contra la continuidad de su vida comunitaria y de su cultura. Ha habido asesinatos de líderes indígenas y desplazamiento de las comunidades. Por lo general, no se han realizado las consultas que Guatemala está obligada a hacer de acuerdo con sus compromisos constitucionales e internacionales.
Los informes de las comisiones de la verdad constituyen, como señalamos, un aporte muy importante en materia de verdad. El Estado, sin embargo, no aprovechó estos informes para fortalecerse internamente. No les dio la difusión adecuada y faltó en el cumplimiento de prácticamente todas las recomendaciones. El Ejército se negó de forma sistemática a proporcionar la información solicitada por la ceh y a colaborar con ella. El gobierno de Álvaro Arzú, en aquel entonces presidente de la República, tampoco accedió a la petición realizada por la ceh de obtener acceso a los archivos de la Policía y del Ejército. El presidente respondió que estaba imposibilitado a hacerlo porque dichos archivos habían sido destruidos. Esto violó el acuerdo de paz número 4, en el cual el Gobierno guatemalteco se obligó a colaborar con la ceh. Además, como se evidenció años más tarde (con el descubrimiento del ahpn y de los archivos de El Diario Militar y el Plan de Operaciones Sofía), la información que proporcionó no era verdadera.
Sumando a lo anterior, los informes de la ceh y de remhi fueron desacreditados por el Ejército. La mayor muestra de rechazo a la verdad por parte de aquellos que perpetraron la represión durante el conflicto bélico fue el asesinato de monseñor Juan Gerardi dos días después de que el informe remhi fuera presentado. Gerardi coordinó este informe.
Otra muestra de la resistencia del Ejército ante acciones democratizadoras fue la falta de colaboración ante la orden dada en 2009 de desclasificación de los archivos de la Defensa Nacional por parte de Álvaro Colom. El entonces presidente nombró una comisión que tuvo por misión la desclasificación y que estuvo trabajando hasta el año 2011. El total de documentos desclasificados fue de 12 287, correspondiente al 99.3% de los documentos generados por las Fuerzas Armadas entre 1954 y 1996 (Prensa Libre, 2011). Esta cifra es realmente reducida si tomamos en cuenta el enorme número de dependencias de la Defensa Nacional y el lapso tan amplio en el que tuvo preeminencia. El sistema militar durante el conflicto bélico fue el que sustituyó al estatal, diseñando y aplicando todas las políticas de gobierno. La Policía Nacional tuvo un gran protagonismo, pero menos que las Fuerzas Armadas, y albergó en su archivo 80 millones de documentos. Es poco creíble que las Fuerzas Armadas solo hayan generado 12 287.
El Ejército también faltó a órdenes dadas por el Poder Judicial. Fue emplazado judicialmente a entregar sus archivos y cumplió presentando el Plan Victoria 82 y el Plan Firmeza 83, señalando que no existía ninguno más. El hecho de que un juez haya efectuado esta petición es una muestra del cumplimiento cabal de sus obligaciones y del buen funcionamiento del sistema judicial. La entrega que el Ejército hizo de ciertos archivos aparentemente evidencia el sometimiento al imperio de la ley por parte de esta institución. Sin embargo, con el descubrimiento del Diario Militar y del Plan de Operaciones Sofía, se comprobó que la institución había mentido al asegurar que no existían más archivos de campaña.
La falta de colaboración con la investigación que llevó a cabo la Audiencia Nacional española por el genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detención ilegal contra de Efraín Ríos Montt, Óscar Humberto Mejía Víctores, Fernando Romeo Lucas García, Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Donaldo Álvarez Ruiz, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo y Benedicto Lucas García, es una muestra clara del poder esgrimido por los grupos hegemónicos para frenar las acciones de la justicia transicional. En 2007, Santiago Pedraz, el juez español que entonces conocía el caso, se trasladó a Guatemala para tomar declaración a los imputados, pero no pudo hacerlo, ya que la Corte de Constitucionalidad guatemalteca señaló que no tenía jurisdicción para ello. También negó la solicitud de extradición que desde España se había realizado.
En materia de desaparición se han encontrado múltiples obstáculos. Es cierto que se emitieron muy importantes sentencias al respecto: Choatalum, en marzo de 2008; Fernando García, en octubre 2010; Molina Theissen, en mayo 2018. No obstante, el Estado no diseñó una política integral para la búsqueda de las personas desaparecidas. Las exhumaciones han estado a cargo de la fafg y de la Asociación Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (mayoritariamente de la primera), organizaciones que reciben financiamiento internacional. Hasta la fecha no se ha creado un banco de datos genéticos estatal a pesar de que la Corte Interamericana, en la sentencia del caso Molina Theissen, así lo mandó. Esta corte también ordenó, en el año 2004, la constitución de la Comisión de Búsqueda de Personas Víctimas de la Desaparición Forzada. En 2007 se presentó ante el Congreso la propuesta de ley que la fundaría, pero esta propuesta ha estado completamente detenida desde entonces.
Los procesos judiciales igualmente se han visto plagados de obstrucciones, entre las cuales se encuentran las frecuentes amenazas y ataques a jueces, fiscales, periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y testigos. También es recurrente, por parte de los represores investigados y acusados, el uso de litigio malicioso o de intromisión indebida en las instituciones encargadas de impartir justicia, a través de lo cual retrasan o inhiben los procesos. En 2013 se realizó quizá la mayor injerencia del poder político y económico en la impartición de justicia, cuando la Corte de Constitucionalidad ordenó retrotraer el juicio en el cual se condenó a Efraín Ríos Montt por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad y con ello se dejó sin efectos jurídicos la sentencia.
Aun con todos estos elementos negativos, considero que Guatemala fue un caso exitoso en materia de justicia transicional. Los asuntos que llegaron a sentencia, por supuesto, son insignificantes si los comparamos con los crímenes que se cometieron durante el conflicto armado. Sin embargo, son muchos si tomamos en cuenta la naturaleza y el poder de los grupos hegemónicos, los cuales han sido completamente reacios a cualquier intento de clarificación histórica y de justicia. Son también considerables si los comparamos con otros países de América Latina que emergieron de dictaduras y de regímenes dictatoriales. Únicamente en Argentina y en Chile se ha obtenido un mayor número de sentencias que en Guatemala. En el mismo sentido, podemos decir que las condenas emitidas en materia de desaparición forzada han sido muy pocas tomando en cuenta la cantidad de víctimas de este delito. Pese a ello, estas constituyen un logro para el fortalecimiento del Estado de derecho, para las víctimas y sus familiares y para la justicia, debido entre otras cuestiones al hecho de que se han identificado y sancionado a personas con un muy alto rango dentro del gobierno militar. Representan también un avance sustancial para el derecho internacional de los derechos humanos.
En el país, no obstante, se han registrado fracasos en aspectos distintos a la justicia transicional. Si bien los presidentes realizaron acciones a favor de esta (especialmente Álvaro Colom), continuaron con la política de saqueo económico de los bienes públicos, más propia de los gobiernos militares del conflicto bélico que de un régimen democrático. Todos los presidentes que han gobernado Guatemala a partir del año 2000 salvo uno (Óscar Berger) han estado en la cárcel; Alfonso Portillo estuvo en prisión en Guatemala y posteriormente en Estados Unidos, acusado del delito de lavado de dinero; Álvaro Colom estuvo privado de su libertad acusado de peculado y de fraude; Otto Pérez actualmente está preso; Jimmy Morales estuvo acusado de cometer delitos electorales y probablemente habría sido sentenciado si a la cicig se le hubiera permitido continuar con su trabajo.
La democracia no trajo para Guatemala el cese de la violencia. Esta se ha ido magnificando y diversificando con el paso de los años, presentándose a través de las maras y de otros grupos traficantes de drogas, personas, órganos, especies en peligro de extinción (animales y plantas) maderas y metales preciosos.
Si bien el país ha gozado de niveles macroeconómicos positivos (durante mucho tiempo tuvo los indicadores más altos de Centroamérica) (Banco Mundial, 2021), la mayoría de la población no se ha visto beneficiada. La pobreza ha aquejado a más de la mitad de la población. Según las últimas cifras disponibles generadas por el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, en el año 2000 el 56.2% de la población se encontraba en pobreza; en 2006, el 51%; en 2011 el 53.7%, y en 2014, el 59.3% (ine, 2021). Lo grave es el porcentaje tan alto, así como el hecho de que se haya ido incrementado a través del tiempo. El aumento en la pobreza extrema es aún más preocupante: en el año 2000, el 15.7% de la población la experimentaba; en 2006, el 15.2%; en 2011, el 13.3%, y en 2014, el 23.4% (ine, 2021).
Las acciones que se efectuaron en materia de justicia transicional también pueden catalogarse como logros significativos si los comparamos con la situación que empezó a registrarse a partir del advenimiento del Gobierno del presidente Otto Pérez Molina. En junio de 2012, clausuró los Archivos de la Paz y, a finales de 2012, emitió un decreto por el cual pretendía impedir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pudiera conocer de casos cuyo principio de ejecución hubiera sido antes de marzo de 1987, con lo cual las desapariciones forzadas que se cometieron antes de esta fecha habrían quedado fuera de la competencia de dicha institución. Este decreto se suspendió a inicios de 2013, pero siguió la actitud de rechazo en los casos que la corte estaba conociendo. Incluso, llegó a desconocer sentencias que ya habían sido emitidas y a negarse abiertamente a cumplir las órdenes. El 21 de agosto de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2014) manifestó de la siguiente manera que Guatemala había incurrido en desacato:
La posición asumida por Guatemala en la presente etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia constituye un acto de evidente desacato de la obligatoriedad de las Sentencias de esta Corte, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal. La Corte coincide con la Comisión y los representantes de las víctimas en el sentido de que Guatemala pretende reabrir debates que no corresponden a esta etapa del proceso internacional. La postura adoptada por Guatemala constituye un cuestionamiento a lo decidido por la Corte en las respectivas sentencias, lo cual resulta inadmisible de conformidad con el referido artículo 67 de la Convención Americana. Consecuentemente, la Corte no debe contestar esos cuestionamientos. (párrafo 9)
El presidente Otto Pérez no realizó acciones tan drásticas en materia de justicia transicional como lo harían sus sucesores; sin embargo, en este tiempo los grupos hegemónicos, autoritarios y conservadores, que habían permanecido un tanto dispersos hasta entonces, fueron encontrando formas de integración y de colaboración. El triunfo más inmediato que tuvieron fue la declaración por parte de la Corte de Constitucionalidad de que el proceso judicial a través del cual se condenó a Efraín Ríos Montt debía retrotraerse a abril de 2013. Con ello, la sentencia quedó sin efectos jurídicos y Efraín Ríos Montt abandonó la prisión en la cual estuvo tan solo 10 días.
El siguiente presidente, Jimmy Morales, tomó medidas que implicaron duros golpes al Estado de derecho, lo cual también significó retrocesos en materia de justicia transicional. Efectuó acciones que dieron por resultado que la cicig dejara de operar en el país, inició un proceso de desmantelamiento del ahpn, efectuó un ataque sistemático a defensores de derechos humanos y operadores de justicia, designó en puestos importantes del Estado a exmilitares. Durante su gobierno, los grupos conservadores fueron adquiriendo mayor cohesión y fortaleza y utilizaron un discurso agresivo e intimidante en contra de los organismos y las personas que pugnaban por la justicia. El proceso electoral para elegir al sucesor de Morales representó para Guatemala un total abandono de los métodos democráticos. Thelma Aldana, quien hasta entonces había sido una fiscal general comprometida con la justicia, se presentó como candidata y obtuvo una gran aceptación por parte de la ciudadanía; en febrero de 2019 ocupaba el primer lugar de preferencia dentro de las encuestas (Consulta Mitofsky, 2019). Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad le retiró su registro, argumentando que durante su gestión había contratado la prestación de un servicio profesional y este nunca se llevó a cabo. Esta acusación tan endeble (y que además no se probó) fue motivo para que la expulsaran de la contienda electoral mediante resolución de la Corte de Constitucionalidad. Muy distinto fue el caso de Sandra Torres (también aspirante presidencial), quien permaneció en esta contienda a pesar de que estaba siendo investigada por el Ministerio Público y la cicig por los delitos de financiamiento electoral ilícito (por actos realizados durante la contienda de 2012) y asociación ilícita.
Al excluir a Thelma Aldana de la contienda, los grupos hegemónicos aseguraron su permanencia en el poder, pues los cuatro candidatos que entonces figuraban como favoritos en las encuestas pertenecían completamente a ellos y representaban una regresión sumamente profunda para el país. Todos han tenido algún señalamiento de involucramiento en actividades ilícitas: Alejandro Giammattei compitió por la presidencia por cuarta ocasión (cada una con un partido diferente), estuvo en prisión durante 10 meses acusado del delito de asociación ilícita; Edmond Mulet fue detenido en 1980 señalado de dirigir en Guatemala una estructura de trata de menores; Roberto Arzú es hijo del expresidente y cuatro veces alcalde de la Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, ya fallecido, en el momento de la contienda electoral tenía una orden de captura emitida por una corte de Miami por no haberse presentado a una audiencia en un caso en el que lo demandaron por el incumplimiento del producto de un servicio de asesoría política en 2016.
Alejandro Giammattei, quien resultó ganador en las elecciones, continuó y profundizó el proceso iniciado desde el gobierno de Otto Pérez. Ordenó la desaparición de la Secretaría de la Paz y de la copredeh y dejó al Programa Nacional de Resarcimiento (pnr) prácticamente sin presupuesto y sin funciones. Los grupos hegemónicos y autoritarios (que en Guatemala reciben la denominación de pacto de corruptos) se han apropiado de los espacios públicos y de las instituciones del Estado. La actual fiscal general, Consuelo Porras, ha mostrado una actitud muy distinta a la de sus predecesores. Thelma Aldana define la situación de la siguiente manera:
Ésta es la batalla final para capturar el Estado guatemalteco en su totalidad. La Fiscal General Consuelo Porras es aliada de la mafia. En la Corte Suprema, de 13 magistrados, 10 están al servicio de la mafia. Han capturado jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones. (Deutsche Welle, 2021)
A estos datos hay que agregar la apropiación de la Corte de Constitucionalidad, máximo intérprete de la carta magna, por parte de los grupos mencionados. Además, se ha intensificado la criminalización de las personas que estos ven como amenazantes. Esta criminalización ha estado presente en toda la historia de Guatemala, se fortaleció durante el gobierno de Jimmy Morales y durante el de Alejandro Giammattei se ha vuelto sistemática. A través de ella se intentan inhibir liderazgos políticos y coartar la labor de actores que han mostrado un compromiso para detener la corrupción en el país, entre los que se incluye a ex servidores públicos y representantes de la ciudadanía, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, comunicadores, periodistas.
IV. Reflexiones finales
La grave crisis que atraviesa la mayor parte de los países latinoamericanos ha llevado a cuestionar la conveniencia del mantenimiento de la democracia. Consideramos que la democracia constitucionalista ofrece a la sociedad actual y futura mayores posibilidades de obtener bienestar y desarrollo y que lo que en realidad ha fallado no ha sido el régimen en sí mismo, sino la manera en la que ha sido ejercido.
El caso de Guatemala permite ver que pueden diseñarse políticas, leyes e instituciones de vanguardia en términos de democratización y de fortalecimiento del Estado de derecho, pero cuyo éxito pragmático puede ser bloqueado por los grupos de poder hegemónicos y autoritarios. Esto fue así desde la democratización que vivió el país a partir de 1985, con un gobierno formalmente civil y con la creación de una Constitución Política de avanzada y de otras leyes e instituciones congruentes con ella, por una parte, y con el mantenimiento del imperio del Ejército, por la otra, lo cual significó la continuación de la violencia y el autoritarismo.
Las acciones que los gobiernos realizaron a favor de la justicia transicional, si bien representaron avances muy significativos para los derechos humanos y para las víctimas y sus familias, estuvieron disociados de una verdadera política de Estado y de una vocación personal a favor de la legalidad y de la democracia. Esta falta de vocación la vemos muy claramente reflejada si tomamos en cuenta la comisión de actos ilícitos por parte de los funcionarios públicos, especialmente de la mayor parte de los presidentes que han gobernado el país.
La situación actual de Guatemala muestra que, si bien los países pueden beneficiarse de los apoyos internacionales, son las decisiones internas las que en última instancia definirán su futuro. La cicig contribuyó en un enorme grado para la identificación, investigación, juicio y sanción de las estructuras de poder paralelo. Los grupos de poder toleraron durante un tiempo esto, pero una vez que se reconocieron fortalecidos y cohesionados, lograron que la institución internacional dejara de operar. Con ello, su fortaleza se acrecentó y les permitió irse apropiando de instituciones clave del Estado que hasta antes habían operado con eficiencia y eficacia. Las normativas que habían ayudado a ello, como la Ley de Comisiones de Postulaciones (que posibilitó que los perfiles más idóneos fueran elegidos para dirigir dichas instituciones) fueron manipuladas y vaciadas de su espíritu original.
En materia electoral ocurrió lo mismo. Las personas pertenecientes a los grupos de poder, en lugar de reconocer el sentido y valor de las disposiciones jurídicas establecidas en un régimen democrático y acatarlas, trataron de burlarlas. Un ejemplo muy claro fue la decisión de Sandra Torres, esposa de Álvaro Colom, de divorciarse de él para ser candidata a presidenta. Hizo esto ya que en la Constitución se prohíbe a los familiares directos del titular del Poder Ejecutivo en funciones ser candidato(a) a presidente. Las leyes están para beneficio de la sociedad y para el desarrollo del Estado; sin embargo, algunas personas se las ingenian para defraudarlas en beneficio particular o de grupo.
Las últimas elecciones muestran cómo los grupos de poder en Guatemala pueden socavar las reglas de la democracia con impunidad. El hecho de haber logrado que Thelma Aldana (la persona que representaba una posibilidad de cambio positivo para el país y que se encontraba como favorita en las encuestas) quedara fuera de la contienda electoral significó un desprecio a la voluntad popular y la imposición de un gobierno autoritario y conservador. Esto no solo es sumamente grave para Guatemala, también debe servir como dato importante en el momento de analizar la legitimidad de los regímenes instaurados a través de formas completamente alejadas de los objetivos y del espíritu de la democracia.
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